Flor Angie
Baena
En esta Nota:
Si vive en conjunto, incumplir esta norma podría costarle multa de $700 mil
Esta medida busca reforzar el derecho de los copropietarios a conocer la gestión administrativa de su propiedad horizontal y evitar demoras o negativas injustificadas.
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Domingo, Octubre 12, 2025 - 21:30
Nuevo Decreto 768 de 2025 en Colombia: acceso a actas de asamblea en propiedad horizontal. Alcaldes y Policía Nacional intervendrán para garantizar transparencia y cumplimiento
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Desde el 7 de julio de 2025, los copropietarios de conjuntos residenciales en Colombia contarán con un nuevo mecanismo para acceder a las actas de asamblea y documentos no reservados. El Decreto 768 de 2025, en su artículo 2.2.8.18.12.1.7, establece que, si la administración se niega a entregar esta información, una orden de Policía emitida por el alcalde municipal o distrital será suficiente para exigir su entrega inmediata.
Esta medida busca reforzar el derecho de los copropietarios a conocer la gestión administrativa de su propiedad horizontal y evitar demoras o negativas injustificadas.
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¿Cómo solicitar el acta de asamblea?
El proceso comienza cuando el copropietario presenta una solicitud formal ante la administración del conjunto residencial. Si no recibe respuesta o la petición es rechazada sin una razón válida, puede acudir ante el alcalde municipal o distrital.
El Decreto 768 de 2025 dispone que, si el alcalde verifica la negativa, podrá emitir una orden de Policía dirigida al administrador o al consejo de administración, que deberá cumplirse de inmediato. Esta orden no requiere una sanción previa y tiene efectos obligatorios, con advertencia sobre las posibles consecuencias legales si no se cumple.
El Decreto 768 de 2025 también otorga a los alcaldes la potestad de ordenar la intervención de la Policía Nacional cuando sea necesario asegurar la entrega de los documentos solicitados
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La norma se apoya en el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, que ya reconocía el derecho de los propietarios a solicitar copias de actas y documentos que no tengan reserva legal. Lo nuevo es que, con este decreto, los alcaldes podrán intervenir directamente para garantizar el cumplimiento, sin necesidad de acudir a procesos judiciales o administrativos prolongados.
Facultades de los alcaldes y la Policía Nacional
El Decreto 768 de 2025 también otorga a los alcaldes la potestad de ordenar la intervención de la Policía Nacional cuando sea necesario asegurar la entrega de los documentos solicitados. Según el artículo 2.2.8.18.8.2, corresponde a los alcaldes “velar por la pronta ejecución de las órdenes de Policía y las medidas correctivas impuestas, así como apoyar la materialización de las decisiones en el proceso verbal abreviado”.
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Con esto, los mandatarios locales podrán garantizar la transparencia en la administración de los conjuntos y dar respuesta más rápida a las quejas de los residentes cuando no se les entreguen las actas o documentos requeridos.
En la práctica, si un administrador o un consejo de administración se niega a entregar el acta de asamblea pese a la orden, deberá cumplir con la entrega y pagar la multa correspondiente.
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Sanciones por incumplimiento de la orden
El decreto también establece sanciones económicas para quienes incumplan una orden de Policía. La multa tipo 4 equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), lo que para 2025 representa $759.200.
En la práctica, si un administrador o un consejo de administración se niega a entregar el acta de asamblea pese a la orden, deberá cumplir con la entrega y pagar la multa correspondiente.
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El Decreto 768 de 2025 adiciona un capítulo al Decreto 1070 de 2015 y reglamenta aspectos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Su propósito es fortalecer las herramientas de los alcaldes y de la Policía Nacional para intervenir en conflictos de convivencia y en situaciones que afecten la transparencia en la gestión de la propiedad horizontal.
Aunque no modifica la Ley 675 de 2001, esta nueva regulación refuerza su cumplimiento y da a los copropietarios una vía más directa para ejercer su derecho a la información en los conjuntos residenciales.
Fuente:
Sistema Integrado Digital
