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Luego de la polémica que generó el sacrificio de 40 peces que fueron incautados el pasado 02 de enero en el centro comercial Atlantis Plaza en el norte de Bogotá, el secretario distrital de Ambiente, Francisco Cruz, aseguró que la mejor decisión fue practicarles la eutanasia.
“Como primera opción, se contempla llevarlos a su lugar de origen pero son peces que según su caracterización vienen desde Islas de Australia, incluso China; por lo que quedó eliminada esta situación. Otra de las posibilidades era dejarlos en Atlantis, pero está claro que no tienen los permisos y los peces estaban de forma ilegal. Finalmente, se practicó la eutanasia; la solución que no ponía en riesgo la biodiversidad de especies en el país”.
Así mismo, Cruz afirmó que, si bien es cierto que hay que tener un concepto técnico antes de realizar un procedimiento como la eutanasia, la decisión se basó en la ley 133 en el artículo 38. “Todas las decisiones se basaron en la ley en la que se estipula qué se debe hacer cuando hay situaciones que consisten en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora.
Por otra parte, el secretario aseguró que el sacrificio de los animales se hizo al día siguiente del operativo y no ocho días después, tal y cómo se le informó a los medios de comunicación mediante un comunicado.
El jefe de la entidad ambiental de la capital agregó que las reuniones para realizar los operativos venían desarrollándose desde el mes de agosto de 2016. "Desde el 30 de agosto, junto con la Unidad Investigativa de Delitos Ambientales de la Policía, veníamos realizando reuniones para lleva acabo el operativo, pero en agosto no se encontró el acuario".
En septiembre volvimos a reuniones para el hacer el operativo y finalmente se hizo en enero de 2017, en donde todo el personal especializado actuó; sin embargo, el tiburón bamboo no apareció en el momento del operativo”, agregó.
Finalmente, el secretario Francisco Cruz aseveró que el centro comercial Atlantis Plaza deberá responder por sus acciones ilegales. “Se adelantaran investigaciones ambientales y penales y la Fiscalía como ente independiente deberá actuar ante la sanción penal”.
