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A pesar de que se daba por terminado el proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, una nueva resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un salvavidas a la iniciativa.
En los pasados meses el CNE había dado el que parecía el golpe final contra la revocatoria luego de sancionar con $26 millones a Gustavo Merchán, el representante del comité que trabajó para recoger firmas para sacar de su cargo a Peñalosa.
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De acuerdo a las autoridades electorales, el comité no registró pagos y donaciones provenientes de diferentes sectores como el partido Polo Democrático Alternativo y Sintrateléfonos, sindicato de trabajadores de la ETB.
Sin embargo, en su reciente resolución, el CNE reconoció que excedió sus funciones, aunque mantiene la sanción económica en contra de Merchán: “No se debió entonces ordenar al Fondo Nacional de Financiación Política abstenerse de certificar el cumplimiento de las normas vigentes, ya que todos los requisitos que debe de cumplir la iniciativa denominada 'Unidos Revocamos al Alcalde Mayor de Bogotá', independientemente de la sanción impuesta al 'vocero único', es competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
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De esta forma, el porvenir de la revocatoria quedará en manos de la Registraduría, entidad que será la encargada de determinar el cumplimiento de todos los requisitos legales para iniciar el proceso.
Pese a esto, el CNE manifestó que es necesario que los promotores de este tipo de iniciativas sean más atentos en todas las fases para evitar problemas legales:
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“Deben ser cuidadosos en todas las etapas, incluida la presentación de los estados contables que deben reflejar íntegramente todas las donaciones en dinero o en especie, como de las contribuciones para acreditarlas contablemente como ayudas en especie valoradas a su precio comercial y que no se hizo”.
A pesar de esto, será necesario estudiar si la revocatoria puede continuar en su trámite dado que en agosto la Corte Constitucional falló a favor de Peñalosa, que había puesto una tutela en contra de la Registraduría argumentando que se le vulneró el derecho al debido proceso y la legítima defensa.
