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Según la Secretaría, el Distrito no estaba facultado para realizar esta declaratoria al tratarse de un suelo rural, que es competencia de la Corporación Autónoma Regional CAR.
"El análisis que nosotros hicimos es que la Secretaría de Ambiente no tiene jurisdicción ni competencia en el área rural, esto le corresponde a la CAR, y no tenía las facultades para poder declarar de utilidad pública los predios y lo que hicimos nosotros fue derogar la declaratoria", afirmó el secretario de Ambiente, Francisco Cruz.
Pero la administración de Gustavo Petro afirma que esta decisión no es jurídica sino política, y que busca tumbar el proceso que se había iniciado para adquirir estos predios y reforestar la reserva.
"Están ocultando la finalidad real que es no hacer nada para ir destruyendo la reserva",afirmó María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat.
Para Maldonado el distrito puede tener limitaciones como autoridad ambiental en zonas rurales, pero no tiene ningún impedimento para hacer inversiones o compra de suelos con estas características.
Según la administración Petro, ya se habían destinado 90 mil millones de pesos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, IDIGER, para realizar esta compra.
Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional se pronunció ante la decisión y dijo que la derogatoria de este decreto no modifica la reserva y que cualquier cambio en su área o delimitación es facultad exclusiva del consejo directivo de la Corporación.
"Las decisiones que ha tomado la administración de Bogotá, y concretamente la secretaría distrital de Ambiente en cuanto a las características de utilidad pública que pueden tener los predios de conectividad ecológica entre cerros orientales y la reserva Thomas Van Der Hammen no cambian de ninguna manera la naturaleza jurídica que al día de hoy tiene esta misma área", dijo Juan Camilo Ferrer Tobón.
