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La Asociación Colombiana de Salud Pública, mostró su preocupación frente a la propuesta de extensión de horarios para bares y expendios de licor en la ciudad de Bogotá.
Afirmaron que el impacto en la salud pública y la seguridad ciudadana ha quedado evidenciado en las diversas investigaciones donde ha quedado demostrado que el aumento en la disponibilidad de alcohol y otras sustancias psicoactivas está asociado con mayores tasas de violencia interpersonal, familiar, de género, siniestralidad vial y problemas de salud mental.
“Estas acciones generan una sobrecarga en los servicios hospitalarios comprometiendo la seguridad ciudadana, además del impacto en el derecho a la salud, la vida, el descanso, la intimidad personal y familiar, el ambiente sano de las comunidades aledañas a los lugares de rumba, particularmente grupos de especial protección constitucional como los niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades”, dijo la Asociación.
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Los profesionales de la salud que hacen parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, afirmaron que dentro de las recomendaciones de política pública a las autoridades locales es importante implementar medidas basadas en la evidencia.
“Realizar estudios de impacto con participación ciudadana, antes de modificar regulaciones, pero también es importante analizar las afectaciones del ruido en la salud física y mental individual, familiar y comunitaria, así como sobre la fauna y la naturaleza”, señalaron.
Recalcaron que se deben realizar campañas de prevención sobre consumo responsable, reducción de daños, eliminación de las violencias de género, erradicación de la trata de personas, la explotación y el abuso sexual infantil, así como impulsar programas para el manejo y disposición de basuras y residuos.
“Es necesario adelantar el acompañamiento psicosocial a las personas y colectivos que consumen alcohol y sustancias psicoactivas en los sitios de rumba. Inspección, vigilancia y control reforzadas en zonas críticas. Regulación diferenciada en sectores con alta incidencia de violencia y accidentes y diálogo multisectorial para la construcción de políticas públicas efectivas”, sostuvieron.
Afirmaron que se deben construir alianzas estratégicas público privadas de responsabilidad social con comerciantes formales e informales, conductores de vehículos de transporte público, aplicaciones, entre otros, para el cuidado y la protección de la vida de las personas y comunidades.
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En materia de cultura ciudadana y corresponsabilidad social, aseguró que se debe trabajar por la regulación del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas requiere del compromiso y corresponsabilidad de todos los sectores y actores sociales:
• Ciudadanía: informarse, promover el consumo responsable y participar en debates sobre normativas y políticas públicas.
• Familias: escucha activa, educar para la prevención y el cuidado de la salud y la vida y fomentar hábitos saludables.
• Escuelas, colegios y universidades: incorporar formación en salud pública, implementar programas de escucha activa, fortalecer la educación socio emocional y el acompañamiento psicológico.
• Gobiernos locales: diseñar estrategias de gobernanza democrática e inclusiva con base en evidencia científica; desarrollar programas de prevención y promoción de la salud, construcción de entornos de vida saludable, libre de alcohol y sustancias psicoactivas, consumo responsable y reducción de daño, aplicación estricta de las normas de uso del suelo y especialmente de disminución del ruido y manejo adecuado de residuos, que permiten proteger los derechos de comunidades y residentes de la mano de las alcaldías locales y la Policía.
