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El pasado 2 de noviembre, faltando un día para que se venciera el plazo para realizar la discusión, la comisión de Plan de Ordenamiento del Concejo de Bogotá hundió el POT propuesto por la administración de Enrique Peñalosa.
Tan solo 25 días después, por orden de la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se obliga al cabildo distrital que, en tan solo trece días vuelva a votar la iniciativa que ha generado tanta polémica.
Esto al considerar que se había violado la orden 4:18 de la sentencia del Consejo Estado sobre el Río Bogotá, con la cual se daba plazo hasta el próximo mes de abril de tomar medidas mediante el POT para proteger este corredor fluvial.
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Ante esta decisión judicial, se abre de nuevo la posibilidad de que el proyecto sea aprobado por medio de votación en el Concejo. Se estableció en en los próximos cinco días la discusión se dé en la comisión de Plan y luego otros ocho días para que lo mismo se haga en plenaria.
Sin embargo, dicha decisión implica una seria diferencia con el proceso que se adelantó anteriormente: se ordena a los concejales a discutir el tema sin votarlo por bloques, discutiendo, aprobando y modificando (si es necesario) artículo por artículo o por grupos.
“Si es del caso y necesario después de votar cada una de sus normas y no mediante votación en bloque del proyecto a introducir las correspondientes modificaciones atendiendo a razones únicamente técnicas y no políticas por cuanto para el cumplimiento de la sentencia no puede constituir justificación la inviolabilidad del voto como la orden de la bancada de partido”, se lee en la orden.
De esta forma, no solo se deberá discutir el proyecto, sino que también deberá ser aprobado por todos los integrantes del Concejo.
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Pero esto no necesariamente quiere decir que el POT vaya a pasar tal cual como está. Los concejales tendrán, como parte de sus funciones, la potestad de eliminar y cambiar los artículos que consideren que así sea.
Todo esto conlleva una situación compleja a un poco más de un mes de terminar el periodo de los actuales concejales, ya que algunos sectores consideran que con esto se está violando la división de poderes.
Con todo esto, sigue siendo incierto el futuro del Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por el Distrito, que regirá el destino de la ciudad en los próximos 12 años.
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En primer lugar porque un grupo de concejales anunció que apelarán el fallo, al considerarlo arbitrario. En segundo lugar, y más preocupante, porque la norma obliga al Concejo a tramitar el proyecto máximo en 90 días, plazo que venció el pasado 3 de noviembre. Pese a la orden judicial, la normativa no permitiría votarlo, lo que traería un limbo jurídico.
Así las cosas, quedarían dos opciones: Radicar de nuevo el POT de Peñalosa (y tramitarlo antes de finalizar el año) o que la próxima alcaldesa, Claudia López haga lo propio y que su propuesta de Plan de Ordenamiento sea aprobada antes del 2 de abril del próximo año (plazo máximo puesto por el Consejo de Estado).
De cualquier forma, se estaría desobedeciendo la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
