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La Defensoría, que mantiene su presencia en el terreno, como lo hizo ayer, 20 de julio, a través del funcionario de la Defensoría del Pueblo Ascanio Tapias, en la Calle 13, consideró que “las tensiones entre el derecho legítimo a la protesta y los derechos de la comunidad no pueden derivar en las vías de hecho, y menos conducir al ataque contra quienes desde un papel neutral buscan propiciar espacios de concertación”.
Mediante comunicado, la entidad indicó que estas manifestaciones de agresividad y la dilación de unas negociaciones que al cabo de 45 días no han tenido un efecto definitivo para solucionar la crisis generada por la parálisis, hacen que la Defensoría del Pueblo se mantenga al margen de las conversaciones, pues considera que en esas condiciones no hay respeto a los protocolos de entendimiento.
“Son múltiples los llamados formulados al Gobierno y a los transportadores para que se supere la dinámica del contrapunteo y los disturbios, pero infortunadamente no ha sido posible encontrar una salida, muy a pesar del impacto para la economía y la vida de millones de ciudadanos”, señala el comunicado.
De la misma forma, solicitó prudencia frente a la protesta de las comunidades indígenas en Toledo, Norte de Santander, donde desde el 30 de Mayo se adelantan acciones de reclamación por incumplimiento de acuerdos anteriores, pero que han perjudicado no solamente a los empleados de la planta gasífera de Gibraltar, sino que han puesto en peligro el suministro para los habitantes de al menos seite municipios, incluidas las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja, ello sin contar el riesgo para la integridad de quienes protagonizan la toma de las instalaciones en medio de un complejo industrial de esa naturaleza.
