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Las políticas de deportación implementadas por la administración de Donald Trump están generando un impacto significativo no solo en la comunidad migrante en Estados Unidos, sino también en los colombianos que buscan tramitar visas para viajar al país norteamericano. Johanna Kelley, abogada experta en migración y derecho internacional, explicó en diálogo con La FM de RCN cómo estas medidas están transformando el panorama migratorio y legal, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Kelley describió un ambiente de tensión entre las comunidades migrantes y las organizaciones que trabajan con ellas. Según la experta, las amenazas no se limitan a los inmigrantes indocumentados, sino que también incluyen a quienes les asisten, como abogados, iglesias y líderes comunitarios.
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“Estamos en pánico, no solo la población migrante en Estados Unidos, sino también los profesionales que trabajamos con esta comunidad. Las amenazas han sido generalizadas, inclusive contra las iglesias y los pastores. Este pánico también genera desinformación, porque muchas organizaciones temen usar sus redes sociales para informar sobre los derechos de los migrantes, y esto lleva a decisiones inadecuadas por parte de las personas”, explicó Kelley.
Frente a las redadas y detenciones, la abogada destacó la importancia de conocer los derechos básicos. “Si usted ya está detenido, tiene derecho a una llamada y a contratar un abogado, aunque el gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente, ya que no se trata de un caso criminal, sino administrativo. Revise cuidadosamente los documentos que migración le pida firmar, y si no entiende, es mejor mantenerse callado o pedir documentos en español”.
Experta advierte qué colombianos tendrán más problemas para tramitar la visa a EE. UU.
En cuanto al proceso de visa para los colombianos, Kelley advirtió que las políticas migratorias de esta administración también están afectando de manera negativa. “Creo que habrá un impacto negativo. Habrá un retraso aún mayor en las entrevistas y un incremento en las negaciones de visas. Además, los criterios se están volviendo más estrictos”, señaló.
Para quienes ya cuentan con una visa de turismo, Kelley recomendó precaución al utilizarla: “Las personas que tienen una visa deben cuidarla. Eso significa no quedarse en Estados Unidos por más de dos o tres semanas, aunque legalmente puedan permanecer hasta seis meses. Permanecer más tiempo podría poner en riesgo su visa”.
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Deportaciones masivas y derechos vulnerados
La abogada también manifestó preocupación por las deportaciones rápidas que, según ella, están diseñadas para evitar la separación de familias, pero que terminan manipulando a los inmigrantes para que renuncien a sus derechos legales.
“Si usted lleva muchos años en Estados Unidos, tiene hijos estadounidenses, paga impuestos y no tiene récord criminal, debe decirlo al oficial de inmigración. Es importante que solicite ver a un juez, ya que tiene derecho a que su caso sea revisado. Sin embargo, estas deportaciones rápidas buscan que las personas, por miedo a ser separadas de sus hijos, renuncien a ese derecho”, afirmó Kelley.
Asimismo, alertó sobre el uso de redadas en lugares públicos como colegios. Aunque reconoció que esta práctica es legal bajo las órdenes ejecutivas actuales, consideró que es una aplicación discriminatoria de la ley. “Ellos tienen justificación legal para hacer estas redadas, pero que sea legítimo es otra cosa. Hemos visto cómo se utiliza el perfil racial para detener a personas y pedir papeles de inmigración. Esto genera un ambiente de miedo constante”.
Recomendaciones para migrantes
Kelley enfatizó que los migrantes deben mantener la calma ante posibles detenciones y conocer sus derechos. “No oponerse al arresto, pedir documentos en español y no firmar nada que no entienda son pasos esenciales. Además, recuerde que tiene derecho a un debido proceso y a que su caso sea revisado por un juez”.
Finalmente, la abogada hizo un llamado a la comunidad migrante para que busque asesoría legal confiable y se informe correctamente para evitar decisiones apresuradas que puedan afectar su estatus migratorio.
