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En un paso significativo para proteger los recursos públicos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Estos documentos comprometían la entrega de 231.000 millones de pesos al municipio de Uribia, ubicado al norte de La Guajira.
La medida judicial fue tomada tras la declaración de improcedencia de una tutela interpuesta por el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, quien buscaba forzar el giro de estos fondos por parte de la entidad.
La decisión del Tribunal implica que los recursos quedan liberados y Gestión del Riesgo no tendrá la obligación de realizar el desembolso, salvaguardando así los fondos públicos del país.
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A su vez, el FIC y el CDP fueron emitidos de manera rápida y bajo circunstancias que la Oficina Asesora Jurídica de la entidad consideró cuestionables.
Sin embargo, la entidad también señaló que con la intervención oportuna, lograron recuperar estos recursos antes de que fueran transferidos al municipio de Uribia.
Este acto administrativo que realizaron de manera rápida había generado preocupaciones sobre la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos públicos, según lo indicado por el director de la entidad.
Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo, señaló que, "estamos comprometidos con asegurar que cada peso invertido tenga un impacto directo y positivo en las comunidades vulnerables".
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La recuperación de estos fondos se suma a otros logros recientes de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, en los que gestionaron la devolución de más de medio billón de pesos en diversas instancias.
Entre los casos destacados se incluyen $180.000 millones destinados a Girón, Santander; $97.000 millones a Corantioquia y $43.000 millones a Corpourabá.
Finalmente, la entidad indicó que la decisión del Tribunal de Cundinamarca subraya la importancia de la supervisión judicial independiente en la administración de fondos públicos "y refuerza el compromiso del Gobierno en garantizar una gestión responsable de los recursos destinados al desarrollo y bienestar de las regiones más vulnerables del país".
