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El sistema de transporte masivo de la capital, Transmilenio, se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de videos en redes sociales que muestran presuntos actos de violencia física por parte de su personal de vigilancia contra usuarios. Las imágenes han generado reacciones y cuestionamientos sobre el manejo de este tipo de situaciones dentro del sistema.
Ante la creciente indignación ciudadana y las dudas sobre la legalidad de los procedimientos, la entidad gestora emitió un pronunciamiento oficial en el que busca aclarar su postura y explicar el origen de los hechos. El caso ha puesto en discusión los protocolos de convivencia y control en estaciones y portales.
Cuestionamientos por el uso de la fuerza en el sistema
El foco del conflicto está en imágenes captadas por ciudadanos, en las que se observa a personal de seguridad, algunos con el rostro cubierto, utilizando la fuerza contra personas que, según versiones iniciales, habrían intentado evadir el pago del pasaje.
Las preguntas no se hicieron esperar: ¿Es legal que un guardia de seguridad privada o un gestor de convivencia agreda físicamente a un evasor? También surgieron dudas sobre quién da las órdenes para actuar de esa forma en los portales y estaciones.
Frente a la presión digital y mediática, TRANSMILENIO S.A. emitió un comunicado en el que abordó varios puntos. En primer lugar, expresó un rechazo a cualquier manifestación de violencia.
"Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un llamado para evitar este tipo de hechos", señaló la entidad, en referencia a las imágenes que circulan en redes.
Respuesta oficial y alcance de los protocolos
Al mismo tiempo, la empresa contextualizó lo ocurrido. Según las versiones preliminares, el incidente se presentó durante labores de control realizadas por el equipo de vigilancia dentro del sistema.
De acuerdo con la información oficial, las personas involucradas en el video habrían ingresado de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje. Este comportamiento, conocido como el “colado”, ha sido señalado como un problema operativo y financiero.
Sin embargo, el uso de fuerza física para enfrentar esta situación es lo que ha generado cuestionamientos. La discusión se centra en los límites de acción del personal de vigilancia frente a este tipo de casos.
En su pronunciamiento, Transmilenio recordó que más de 4 millones de usuarios utilizan el sistema a diario, lo que exige condiciones de orden para su funcionamiento. La presencia de personal operativo busca garantizar la prestación del servicio.
No obstante, el debate surge cuando las acciones de prevención se convierten en agresión física, un campo que corresponde a la Fuerza Pública bajo lineamientos de derechos humanos.
El comunicado finaliza con un llamado a la convivencia y al uso adecuado del sistema. La entidad reiteró su compromiso con las estrategias de seguridad y la protección de la integridad de usuarios y trabajadores.
Ahora, el reto será establecer si el personal de vigilancia actuó por fuera de sus funciones y si el uso de rostros cubiertos cumple con las normas de identificación exigidas en estos casos.
Mientras las autoridades avanzan en la revisión de posibles abusos o lesiones, la discusión continúa entre quienes piden medidas frente a la evasión y quienes cuestionan el uso de la fuerza en este tipo de situaciones.
