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La Superintendencia Nacional de Salud a través de un comunicado reveló que presentó dos acciones jurídicas ante la Corte Constitucional, en relación con la Sentencia T-277 de 2025, con la que revocó las resoluciones que permitían la toma de posesión e intervención administrativa de la EPS Sanitas.
La decisión de la corte fue dada a conocer luego de evaluar y considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
Según la Supersalud, en esta nueva acción busca garantizar el respeto al debido proceso institucional y obtener claridad sobre los efectos y alcances del fallo en mención.
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Dijo la Supersalud que, en primer lugar, “la entidad radicó una solicitud de aclaración con el fin de que el alto tribunal precise aspectos relacionados con los trámites, procesos y procedimientos que deben ser implementados como consecuencia directa de la sentencia”.
De acuerdo con la Supersalud, dicha solicitud obedece a la necesidad de contar con lineamientos jurídicos claros que orienten su actuación conforme al fallo proferido.
“En segundo lugar, y en la misma fecha, la Superintendencia interpuso un incidente de nulidad, argumentando posibles afectaciones al debido proceso, en tanto fue vinculada como parte accionada en el proceso constitucional”, señaló.
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Subrayó que con esta acción, la entidad busca salvaguardar sus garantías procesales y la legalidad de sus actuaciones como autoridad de inspección, vigilancia y control del sistema de salud.
“Ambas acciones fueron interpuestas en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida, el interés general de los ciudadanos y la defensa de las funciones y actos propios de la entidad”, según lo afirmó la Superintendencia en su comunicado oficial.
Agregó que estas actuaciones reflejan el compromiso de la Supersalud con el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la defensa institucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud en Colombia.
La Intervención administrativa de la EPS Sanitas la realizó directamente la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 2 de abril de 2024 mediante la Resolución 2024160000003002‑6, alegando incumplimiento del indicador de Patrimonio Adecuado y deficiencias operativas. La medida fue corregida el 10 de abril y prorrogada hasta abril de 2025.
