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Los recursos para atender los subsidios al servicio público de gas combustible a los estratos menos favorecidos del país no alcanzan y deben ser pagados con retrasos de hasta más de un año, indica un estudio sobre el tema realizado por la Contraloría General de la República.
Según la entidad, la no asignación suficiente o completa en el Presupuesto General de la Nación de los recursos solicitados para cubrir el ítem de subsidios de Gas Natural y GLP, lleva a que el Ministerio de Minas y Energía postergue sus pagos de un año a otro, afectando a las empresas que prestan el servicio.
En el informe se destaca que en 2017 se solicitaron 782.220 millones de pesos y tan solo se apropiaron 268 mil millones de pesos, es decir, que se presentó una disminución del 66% y para el 2018 se presentó la misma situación con una disminución del 34%.
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“Se nota que año a año los recursos están siendo deficitarios en relación con lo que se solicita para cubrir estos subsidios”, advierte el organismo de control en el estudio.
En relación con el Gas Licuado del Petróleo (GLP) o gas en cilindro, se indica que gran parte de los consumidores de este tipo de combustible no están siendo subsidiados y la expansión en sectores rurales está cada vez más reducida, lo que está generando que los consumidores en estas zonas del país vuelvan al consumo de leña para la cocción de alimentos.
El informe además evidencia que en la factura de gas los ítems que más pesan son el valor del producto y el transporte por las redes primarias, los cuales representan el 60% del total de la tarifa, situación que termina impactando la posibilidad de acceder al servicio a los usuarios menos favorecidos, si no es con el otorgamiento de subsidios.
A esto se suma que el combustible es transado en dólares en el territorio nacional, pero se paga en pesos y el ajuste se hace mes a mes, entonces cuando la divisa estadounidense va al alza los precios de la factura se hacen impagables para los sectores menos favorecidos, indica el estudio.
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“Es importante, solicitar a la CREG y al Gobierno Nacional que se revise la estructura tarifaria, ya que las altas volatilidades en la TRM tienen incidencia en la tarifa al consumidor final”, concluye la entidad.
