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La Procuraduría reveló que investigará cinco exfuncionarios y un servidor en activo de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en el alquiler de predios en las Islas del Rosario.
La entidad adelantó una indagación previa para estudiar las inconsistencias en la suscripción y ejecución de los contratos de arrendamiento de varios predios del archipiélago que es administrado por la ANT.
Según la Procuraduría, las irregularidades se habrían presentado en el cumplimiento de los pagos por parte de los arrendatarios, pues no pagaban los precios estipulados dentro de los tiempos acordados.
Además encontraron inconsistencias al momento de establecer los precios de alquiler, pues muchos de los terrenos no contaban con avalúos catastrales, además de resaltar que muchos acuerdos se excedieron en la extinción del área permitida para el arriendo.
La Procuraduría aseguró en el documento que tiene “en la mira” los arrendamientos en las Islas del Rosario por las afectaciones que podría generar la preservación del equilibrio ecológico la protección del patrimonio público y la garantía de los derechos de las comunidades, en especial, de grupos étnicos en la zona.
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Cabe resaltar que la entidad investiga estas irregularidades desde que en septiembre de 2022 se dio a conocer el escándalo por los precios en los que se habrían alquilado los predios.
Según la denuncia hecha en medios de comunicación, habría 80 contratos de arrendamiento, de los cuales al menos 21 tenían un valor que oscilaba entre los $90.00 y el millón de pesos.
Desde el 2022 la Procuraduría había anunciado que iniciaría una indagación para esclarecer las presuntas responsabilidades, por lo que ya había anunciado las posibles sanciones que podrían ser impuestas contra los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras.
La ley establece que los contratos sólo pueden ser adjudicados a personas que hayan ejercido acciones de ocupación sobre la isla, sin embargos los bajos precios y la extensión de 8 años de muchos de los acuerdos, generaron que el ministerio público investigara cómo se están usando estos terrenos.
