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El robo con armas con silenciador a una joyería en el centro comercial Gran Estación, ubicado en Bogotá, y el masivo robo a un edificio de apartamentos este fin de semana, tiene a las personas preocupadas por la inseguridad en la ciudad pues consideran que se ha dado un aumento en el número de robos.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó condenando el incremento de atracos en Bogotá y responsabilizó al Gobierno de ello por las licencias que dio al 20% del cuerpo de la Policía en medio de la pandemia por el coronavirus.
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Sin embargo, el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, aseguró en entrevista con La FM que, de acuerdo con las cifras que manejan, no han aumentado los hurtos en la ciudad. De hecho, confirmó que se ha dado una disminución en hurtos en zonas residenciales y establecimientos comerciales.
“No se están incrementando los hurtos en las cifras acumuladas. Se han hecho visibles estos dos casos, y el de una señora que descuartizaron, el robo de un supermercado, pero en conjunto de cifras hasta el día de ayer (23 de junio 2020), tenemos disminución del 51% en establecimientos comerciales que antes de la pandemia estaba en 21%, y en hurtos residenciales estaba en 35% y ahora está en 19%”, afirmó.
Al ser cuestionado porque las cifras contradicen lo afirmado por la mandataria de los bogotanos, Acero indicó que trabaja con ella de manera permanente y que esos son los números que se manejan en la ciudad, lo que confirma que no se ha dado un aumento como lo aseguró López.
Fue enfático en que la ciudad necesita un aumento del pie de fuerza porque no está en igualdad de condiciones con otras ciudades respecto a la cantidad de policías por cada 100.000 habitantes.
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“Es innegable que el aumento del pie de fuerza ha sido una demanda permanente, Bogotá tiene el índice más bajo con 229 policías por cada 100 mil habitantes, hay una redistribución no equitativa que hemos pedido que se subsane. El aumento del pie de fuerza es una necesidad”, agregó.
Además, informó que a la fecha se tienen 1.816 personas en estaciones de Policía y URI, de los cuales 750 internos ya fueron condenados por lo que deberían estar en cárceles, pero no se ha dado el traslado y esto genera el hacinamiento.
“Hemos pedido al Gobierno que podamos construir una cárcel grande y bien hecha que permita solucionar el problema, hemos tratado en estos seis meses de solucionar un problema que viene de hace 20 años”, puntualizó.
