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Los comités intergremiales del Caribe encendieron las alertas ante el inminente riesgo de un apagón eléctrico que podría afectar a los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira. Por medio de una carta dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos, los gremios productivos de la región denunciaron que la operación de las generadoras y transmisoras de energía está en peligro debido a las deudas de Air-e, las cuales ascienden cerca de $2 billones.
“El incumplimiento de Air-e en el pago de sus obligaciones contractuales por compra de energía viene desde antes de la intervención de la empresa, pero se ha acentuado durante la administración de la Superservicios, entidad que aún no asume su responsabilidad en el pago de esas deudas, provocando con ello el debilitamiento financiero de generadoras y transmisoras poniendo en riesgo su capacidad de operación”, señala la comunicación enviada a los entes de gobierno.
La carta, firmada por la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención, también fue remitida al ministro de Hacienda, Germán Ávila; al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; y al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana.
Las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, junto con la Asociación de Industriales y otros comités gremiales, advierten que un apagón impactaría a 5.400.000 habitantes de estos departamentos, profundizando la crisis económica y social en la región.
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"La falta de pago a los distribuidores y generadores es en la cadena de producción de energía un momento importante para que ellos sigan o no entregándole al comercializador, que es Air-e, la energía para poder ser distribuida a los diferentes ciudadanos y empresas en la región", detalló Raúl García del Comité Intergremial del Magdalena -Cimag-.
La veeduría ha exigido a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, así como a la Superservicios, que se asuman las deudas que el Estado tiene con Air-e por subsidios. También solicitan que la empresa reciba un respaldo financiero, incluso con recursos del Presupuesto Nacional, para completar el plan de inversiones en infraestructura eléctrica que se inició antes de su intervención.
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Ante la amenaza de un apagón masivo en el Caribe, los gremios solicitaron además la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República con el fin de evitar que siga creciendo este episodio que deja en evidencia una vez más la fragilidad del sistema eléctrico en la región, poniendo en riesgo a millones de ciudadanos que dependen de un servicio eléctrico estable para su vida cotidiana y el desarrollo económico.
