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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas anunció que en marco de la mesa de crisis del sector salud que se realiza con la participación de diferentes sectores de la salud en el país se realizó un análisis exhaustivo y colectivo de la situación actual del sistema de salud en Colombia,
Así como el proyecto de decreto que busca reglamentar un modelo de atención con un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo.
Los expertos liderados por organizaciones científicas, asociaciones de pacientes, colegios médicos y de profesionales de la salud, así como representantes del talento humano en salud y académicos con experiencia en el análisis del sistema, expresaron su preocupación por el aumento sostenido en las quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
“Esta es una situación que refleja las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a servicios de salud oportunos, continuos y de calidad”, indicó.
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Destacaron que el pasado informe ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Salud, el número de reclamaciones en el sector salud aumentó en un 49,7 %, en comparación con el mismo mes del año anterior, pasando de 119.787 a 179.346 casos.
“Las principales causas de estas reclamaciones fueron barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud (165.989), dificultades administrativas (10.461), problemas en la atención (2.777) e inconformidades con la infraestructura (119). Este comportamiento refleja un deterioro significativo real en la experiencia de los usuarios”, aseguró.
Apuntó que simultáneamente, la situación del talento humano en salud no ha mejorado con relación a los años 2023 y 2024.
“La precarización laboral, el deterioro en las condiciones de trabajo, la falta de pago y los problemas de salud mental se han vuelto comunes, sin que se observe una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional o los organismos de vigilancia y control. Este panorama se agrava por la persistencia de contrataciones por prestación de servicios, la sobrecarga laboral, la falta de garantías en materia de seguridad y la ausencia de descansos adecuados, lo que repercute directamente en la calidad de la atención de los pacientes”, sostuvo.
Señaló que, desde el punto de vista financiero, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha sido reconocida expresamente por la Corte Constitucional.
“En el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento advirtió sobre el persistente desequilibrio financiero en el sistema de salud, señalando que sin recursos suficientes no es posible garantizar el acceso efectivo a los servicios del Plan de Beneficios en Salud. La Corte reiteró que la garantía de acceso al derecho fundamental a la salud depende de una financiación adecuada y subrayó que la mengua de la UPC constituye una grave afectación a dicho derecho”, manifestó.
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Afirmó que, teniendo en cuenta este contexto, en la última Mesa de Crisis se analizó el proyecto de decreto que busca sustituir la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y reglamentar el modelo de atención en salud con un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo.
“Aunque se reconoce la necesidad de fortalecer el enfoque de salud pública y atención primaria, preocupa profundamente que la propuesta normativa desconozca aspectos esenciales del marco legal vigente y pueda llegar a comprometer aún más la oportunidad en la prestación del servicio, así como la viabilidad técnica y financiera del sistema”, sostuvo.
Dijo que el proyecto de decreto debe ser evaluado a partir de tres ejes fundamentales: aseguramiento, esquemas asociativos territoriales y financiamiento.
“En materia de aseguramiento, plantea disposiciones que resultarían contrarias a normas expresas como las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. En cuanto a los esquemas asociativos territoriales, el proyecto dispone la conformación obligatoria de asociaciones entre entidades que, conforme a la Ley 1454 de 2011, sólo pueden vincularse de manera voluntaria. A estas entidades también se les transfieren responsabilidades sin garantizar previamente su capacidad operativa ni los recursos necesarios ni la transparencia en su manejo”, afirmó.
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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, afirmó que en el eje de financiamiento, no son claras las fuentes de financiación para aquellos objetivos que no sean servicio y tecnologías en salud, de igual manera parece proponer un uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para fines no autorizados legalmente, lo cual se debe aclarar de manera previa.
“Manifestamos nuestro compromiso presentando estas observaciones por los canales institucionales correspondientes ante el Ministerio de Salud, con el ánimo de contribuir a la construcción de un modelo de salud técnicamente sólido, jurídicamente respetuoso y financieramente sostenible", sostuvo.
"De igual manera, solicitamos públicamente al ministerio que, previo a continuar con el trámite administrativo, aclare las observaciones que la comunidad en general y que nos convoque a participar activamente en la elaboración de esta reglamentación, más allá de los trámites administrativos obligatorios”, puntualizó.
