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La Procuraduría le puso la lupa a un contrato firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros que podrían afectar las construcciones de proyectos como el Metro de Bogotá y el Regiotram de Cundinamarca.
La investigación fue abierta contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Iván Humberto Baquero Susa, por el millonario contrato que tiene un costo 8.375 millones de pesos.
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La Procuraduría busca establecer si el objeto del contrato podría eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
Según el organismo, se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar.
“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó la Procuraduría en el oficio.
Además, investigarán supuestas faltas de planeación, pues aparentemente no se realizó un análisis en profundidad que justificara el valor fijado, así como tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos.
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En ese oficio se vinculó también a los gerentes de Proyectos de la ANI, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas, para que también respondan por las situaciones que son investigadas por la Procuraduría.
