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Nelson Gonzalo Muñoz Avellaneda es vocero de los operadores del SITP. Él ha denunciado trabas para poder hacer el debido cobro de las pólizas por los vehículos vandalizados en medio de las protestas del paro nacional.
Según los operadores, ha sido una lucha la que se lleva desde el mes de septiembre del 2020, cuando fueron incinerados 13 vehículos, cuyo costo supera los 10.000 millones de pesos.
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El representante asegura que "la póliza otorgada por el Ministerio de Hacienda a la aseguradora Solidaria de Colombia debe cubrir y amparar los actos de terrorismo donde se ven afectados vehículos cuando están en vías públicas como en el caso que nos ocupa".
El gremio señaló que tan pronto se presentaron los eventos, se radicaron las reclamaciones ante la Aseguradora Solidaria, pidiendo el pago de los daños ocasionados a los vehículos y además reclaman el lucro cesante reconocido por ellos.
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Los operadores aseguran que se hizo la correspondiente presentación de los documentos solicitados pero inicialmente les fue objetada, ya que la certificación policial debía explicar claramente cuál era el grupo armado al que se le atribuirían los daños que incluía vehículos incinerados y el Comando de Policía de Bogotá, efectivamente envió la certificación, identificando al grupo que cometió los daños, luego volvió a objetar asegurando que consideran que las pólizas tomadas por los operadores del sistema tenían cubrimiento para particulares y no ellos.
Son más de 18.000 operadores afectados en Bogotá en medio de las situaciones de orden público derivada del paro nacional, y más de 1.500 los buses vandalizados que han reducido la capacidad de operación del sistema e igualmente las asignaciones laborales y sus ingresos.
