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El Instituto Anticorrupción presentó ante autoridades de Estados Unidos una solicitud para que se evalúe la posible inclusión del empresario colombiano Euclides Antonio Torres Romero en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
La petición fue dirigida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC y el Departamento de Estado, y busca establecer si la información disponible justifica la aplicación de sanciones económicas bajo la Orden Ejecutiva 13818 y las disposiciones conocidas como Global Magnitsky Act.
Esta solicitud se presenta después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara, el pasado 28 de septiembre, la revocatoria de las visas de Euclides Torres y miembros de su familia.
¿Qué pide investigar el Instituto?
De acuerdo con la información oficial, el Instituto Anticorrupción solicita que, además de esa medida migratoria, las autoridades estadounidenses revisen información relacionada con las actividades financieras y políticas de Torres.
Entre los asuntos que pide examinar están su relación financiera y política con Armando Benedetti, la financiación que se le atribuye de actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, posibles conexiones con financiación de campañas al Congreso y la contratación pública obtenida por empresas vinculadas a su entorno empresarial.
Según el documento, el punto central de la petición es establecer si existe algún vínculo entre financiación política, influencia sobre funcionarios públicos, nombramientos en el Gobierno, contratación estatal y posibles hechos de corrupción.
Pero aquí hay una precisión fundamental que hace el propio Instituto. La organización señala que la existencia de contratos públicos otorgados a empresas relacionadas con un financiador político no constituye por sí misma una prueba de corrupción.
Tampoco considera que una coincidencia temporal entre apoyo político y contratación permita concluir automáticamente que existió un intercambio de favores. Por eso, lo que está solicitando es una investigación más profunda.
Seguir el dinero, no se trata de relaciones políticas
El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, explicó que la petición no busca que una persona sea sancionada simplemente por sus relaciones políticas.
El objetivo, según el comunicado, es que las autoridades competentes sigan el dinero y determinen si existe una conexión entre financiación política, acceso al poder, decisiones públicas, contratación estatal, abuso de poder y corrupción.
Para ello, la solicitud plantea revisar registros financieros, societarios, contractuales y de beneficiarios finales.
También pide consultar información de investigaciones judiciales y administrativas adelantadas en Colombia, particularmente aquellas relacionadas con corrupción y enriquecimiento ilícito.
Los contratos y las empresas
Otro de los elementos que el Instituto solicita revisar tiene que ver con empresas vinculadas al entorno empresarial de Torres.
De acuerdo con la documentación presentada, investigaciones periodísticas citadas por el Instituto han reportado que compañías relacionadas con ese entorno empresarial obtuvieron contratos por aproximadamente 50 millones de dólares.
La solicitud menciona particularmente recursos administrados a través de FENOGE, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía.
Pero nuevamente, el Instituto advierte que esos contratos no permiten, por sí solos, establecer que haya existido corrupción.
Por esa razón se solicita que se determine quiénes son los beneficiarios finales de las compañías y si empresas que aparentemente son independientes hacen parte de una misma estructura empresarial o actúan de manera coordinada.
Coordinación con autoridades colombianas
La petición también propone que las autoridades estadounidenses coordinen, cuando corresponda, con diferentes organismos colombianos.
Entre ellos están la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y las autoridades colombianas de inteligencia financiera.
La idea es que puedan cruzarse investigaciones y registros relacionados con financiación política, contratación pública, estructuras empresariales y posibles hechos de corrupción.
¿Qué podría pasar con Euclides Torres y la OFAC?
El Instituto Anticorrupción deja claro que una eventual inclusión de Euclides Torres o de empresas vinculadas con él en la lista OFAC no es una decisión automática.
La organización pide que cualquier determinación sea adoptada directamente por las autoridades estadounidenses, después de una evaluación independiente, con evidencia verificable y de acuerdo con los estándares jurídicos aplicables.
La Orden Ejecutiva 13818, expedida en desarrollo del Global Magnitsky Act, permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas frente a determinadas conductas de corrupción, entre ellas algunas relacionadas con contratación pública, soborno y apropiación indebida de activos estatales.
Y todo esto ocurre después de que Estados Unidos anunciara la revocatoria de las visas de Euclides Torres y miembros de su familia.
Para entender el tema
¿Qué pidió el Instituto Anticorrupción?
Que Estados Unidos evalúe la posible inclusión de Euclides Torres en la lista OFAC bajo el Global Magnitsky Act.
¿Qué quiere que revisen las autoridades estadounidenses?
Financiación política, relaciones financieras, contratación pública, estructuras empresariales y beneficiarios finales.
¿Los contratos mencionados prueban corrupción?
No. El propio Instituto aclara que la existencia de contratos públicos no constituye por sí misma prueba de corrupción.
¿Qué falta ahora?
Que las autoridades estadounidenses analicen de manera independiente la información y determinen si existen elementos que permitan aplicar las sanciones previstas en su legislación.
