La FM en Google News
Una comisión extraordinaria de la Procuraduría General de la Nación llegó a Quibdó este miércoles para verificar las acciones que adelantan autoridades regionales y nacionales frente a la crisis humanitaria que viven las comunidades del sur de Chocó, como consecuencia del paro armado impuesto por el ELN.
Representantes de las comunidades afro e indígenas afectadas por las limitaciones a la movilidad impuestas por la guerrilla del ELN en los municipios de Sipí, Novita e Istmina denunciaron ante el ministerio público que son más de 25 mil las personas que enfrentan una crisis humanitaria en la región del medio y bajo San Juan, confinados en sus municipios, sin acceso a alimentos, salud ni educación. Desde los territorios aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha dado respuestas a la situación.
Lea también: Alcaldes en Chocó han tenido que salir de sus municipios por amenazas del ELN
“Hemos encontrado, en primer lugar, que las cifras parecen ser mucho mayores de las que se conocen hasta el momento. Las comunidades están hablando de más de 25.000 personas confinadas o desplazadas. Hoy, las comunidades están reclamando porque hay desabastecimiento de alimentos en muchos de los municipios que están confinados o en los lugares a los que han llegado desplazados. Es una situación caótica la que se está viviendo. El departamento no tiene los recursos con que atender a esta situación, las alcaldías tampoco, y el Gobierno no hace presencia”, señaló Jefferson Mena, Asesor de la Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos.
Las comunidades señalaron que en el departamento no solo se vive el paro armado del ELN, sino que también denuncian un paro armado por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los habitantes piden ayuda del Gobierno Nacional por el desabastecimiento en las regiones confinadas y poblaciones afectadas por el desplazamiento.
Lea también: Denuncian que uniformados estarían dejando salir a internos de estación de Policía a cambio de mercados
Los miembros de esta comisión especial de la Procuraduría General de la Nación evalúan con las entidades del Gobierno nacional, departamental y las administraciones municipales, acciones inmediatas para conjurar la crisis.
