Más de la mitad de los colombianos perciben la corrupción como algo "normalizado", según nueva encuesta

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito vinculó la corrupción directamente con el crimen organizado.
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La relación entre corrupción y crimen organizado en Colombia quedó en el centro de un encuentro convocado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que expertos de la cooperación internacional, la academia y el periodismo investigativo analizaron cómo ambos fenómenos operan de manera interconectada y afectan la seguridad, la gobernabilidad y la confianza institucional en el país.

El espacio, titulado “Corrupción y Crimen Organizado en Colombia: claves para entender esta relación”, reunió a Andrea Agudelo, coordinadora regional del área de corrupción y delitos económicos de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur; Carolina Montes, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras de la Universidad Externado de Colombia; y a la periodista Paula Bolívar, ganadora del Premio Simón Bolívar.

Durante el encuentro, los panelistas expusieron cifras y hallazgos sobre la manera en que la corrupción facilita la expansión y protección de estructuras criminales, el lavado de activos y el fortalecimiento de economías ilícitas en distintos territorios de Colombia y América Latina.

Uno de los principales resultados presentados fue el relacionado con la disposición ciudadana a denunciar hechos de corrupción. Según una encuesta territorial desarrollada por la UNODC en departamentos priorizados, el 82% de los encuestados afirmó que denunciaría un acto de corrupción si llegara a conocerlo y el 73% aseguró conocer canales de denuncia segura y anónima.

La corrupción ya se percibe como "normal"

Sin embargo, el informe también evidenció que el miedo a represalias continúa siendo el principal obstáculo para presentar denuncias. Además, el estudio reveló una alta percepción de normalización de la corrupción: el 58% de los participantes considera que estas prácticas son toleradas o normalizadas, mientras que el 67% cree que muchas personas recurren a actos corruptos para obtener beneficios.

Entre las prácticas más señaladas por los encuestados aparecen el desvío de recursos públicos, el soborno a funcionarios y el tráfico de influencias. Asimismo, las consecuencias más identificadas fueron la pérdida de recursos públicos, el aumento de la pobreza y la desigualdad, así como la impunidad.

En el evento también se destacó el papel de la Línea Anticorrupción 157, presentada como un mecanismo seguro y anónimo para fortalecer la detección temprana de riesgos de corrupción y convertir la información ciudadana en acciones institucionales.

De acuerdo con las cifras expuestas, la plataforma ha recibido más de 34.000 reportes ciudadanos, ha permitido identificar 583 presuntos incidentes de corrupción y ha evidenciado más de 550 mil millones de pesos comprometidos en denuncias relacionadas con recursos públicos.

En el ámbito electoral, la Línea 157 permitió identificar 302 presuntos incidentes electorales, consolidándose como una herramienta para fortalecer la transparencia y reducir escenarios de impunidad.

¿Funciona la denuncia ciudadana?

“La mayoría de la ciudadanía está dispuesta a denunciar y conoce canales de denuncia, pero es necesario protegerla de represalias”, fue uno de los mensajes destacados durante el encuentro.

Andrea Agudelo también advirtió sobre la estrecha relación entre ambos fenómenos. “La corrupción y el crimen organizado se alimentan mutuamente y están mucho más conectados de lo que parece”, señaló la funcionaria de la UNODC.

Los expertos coincidieron en que enfrentar estas problemáticas requiere una respuesta integral basada en el fortalecimiento institucional, el uso de información estratégica, la cooperación internacional y la participación ciudadana.

El evento también resaltó el papel de la cooperación internacional y de organismos como la UNODC en el fortalecimiento de capacidades institucionales para combatir fenómenos complejos como la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado.

Entre los casos destacados se mencionó la estrategia implementada en puertos colombianos para combatir estos delitos, una iniciativa que posteriormente fue replicada en otros países de la región, entre ellos Ecuador.


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