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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que ya recibió el primer informe sobre el incidente aéreo ocurrido el 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Según explicó la funcionaria, el análisis fue elaborado a partir de una revisión técnica rigurosa de las comunicaciones con la torre de control, lo que permitió reconstruir lo sucedido y formular recomendaciones para fortalecer la seguridad operacional.
“El análisis fue elaborado a partir de una revisión técnica rigurosa que incluyó 64 registros de radar y 915 datos provenientes del sistema de comunicaciones con la torre de control, lo que permitió reconstruir técnicamente lo ocurrido y formular recomendaciones para fortalecer la seguridad operacional”, afirmó la ministra.
Rojas también señaló que no se debe caer en especulaciones ni improvisaciones frente a un tema tan delicado como la seguridad aérea.
“Por eso solicitamos este informe técnico a la Aerocivil, que ya nos fue presentado y que servirá como base para adoptar las medidas necesarias, así como para establecer las acciones correctivas y las eventuales sanciones”, indicó.
En relación con otro incidente registrado el 13 de marzo, que involucró una aeronave del Ejército Nacional de Colombia, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que el análisis técnico continúa en curso, ya que este tipo de investigaciones requiere la revisión detallada de múltiples registros operacionales y técnicos.
Sobre estos hechos, la Procuraduría otorgó un plazo de 24 horas a la Aeronáutica Civil para presentar un informe detallado sobre la situación que ha generado preocupación en el sector aéreo.
El ente de control solicitó explicar qué decisiones se han tomado, qué medidas se están aplicando y cuáles son las acciones inmediatas para evitar afectaciones a los usuarios del transporte aéreo en el país.
Además, busca verificar si la Aerocivil está cumpliendo con sus responsabilidades de garantizar la seguridad, la operación y la continuidad del servicio aéreo en Colombia. La Procuraduría también advirtió que revisará la información entregada para determinar si existen fallas administrativas o posibles responsabilidades de funcionarios, con el objetivo de proteger los derechos de los pasajeros y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de aviación civil.
