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El pasado miércoles, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que en respuesta al llamado de los integrantes del grupo denominado 'Primera Línea', este primero de julio se instalará en la ciudad la Mesa de Diálogo y Garantías.
En diálogo con La FM, Guillermo Rivera, veedor distrital, manifestó que este tipo de acercamientos sin importantes para lograr una solución ante el estallido social que se ha producido desde hace dos meses. No obstante, aclaró que este escenario de diálogo no anula las competencias de la autoridad judicial ante las personas que han cometido delitos en el marco de las manifestaciones.
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"Hay que separar las cosas, quienes han cometido delitos deben responder por ellos, quienes han lesionado a servidores públicos deben responder por ello. Las autoridades judiciales son independientes de los gobiernos locales", agregó.
El veedor distrital sostiene que la protesta social debe ser atendida por las autoridades correspondientes, y dicha situación debe darse en el marco de la Constitución y la Ley. "Creo que le corresponde al gobierno distrital, en este caso, hablar con este grupo de jóvenes y será la justicia a quien le corresponde juzgar a los jóvenes que cometieron delitos".
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Rivera sostiene que es importante comprender que la implementación de una mesa de garantías no excluye la actuación de la autoridad judicial y la responsabilidad penal de algunos ciudadanos. "No se puede asumir que absolutamente todos los jóvenes han cometido delitos, hay algunos, pero eso no excluye que en el marco de la ley se pueda avanzar en una mesa para llegar a algunos acuerdos que permitan volver a la normalidad en la ciudad".
Guillermo Rivera precisó que las protestas que se han dado en la ciudad son de carácter inorgánico, porque no hay una cabeza visible detrás de ellas y por ello se requieren espacios de diálogo.
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Ley anti vandalismo
Rivera consideró que la creación de nuevas leyes que establezcan más delitos no es la solución para mejorar la convivencia en el país, pues esta estrategia se ha aplicado por varios años y no ha tenido un efecto positivo.
"No vale la pena modificación del código penal, código que ya es bastante extenso y que contiene penas que proporcionales. Creo que hay que actuar y lograr que las autoridades judiciales actúen", agregó.
