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La Defensoría del Pueblo ha emitido en los últimos dos años varias alertas tempranas sobre los riesgos que hay entorno al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, debido al recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país.
Sin embargo, lo más preocupante es que, de acuerdo con esa entidad, dicha práctica ha venido tomando fuerza en medio del confinamiento por la propagación de la COVID-19.
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Mateo Gómez, director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, señaló que en estos tiempos de la pandemia y de confinamiento se ha evidenciado un mayor riesgo de reclutamiento, debido a que algunos entornos seguros para los menores como las escuelas, se encuentran cerradas.
El funcionario también señaló que es difícil contar con cifras concretas entorno a este tema, ya que muchas familias que son víctimas de este delito no se animan a denunciar.
"La estadística de reclutamiento siempre va a ser difícil, porque es un fenómeno con muy baja denuncia, ya que las familias temen que los niños o niñas que han sido vinculadas al grupo terminé pagando las consecuencias, por lo que la Defensoría no cuenta con esa estadística exacta", indicó el funcionario.
Gómez explicó que una de las zonas con el mayor riesgo es Norte de Santander, particularmente el Catatumbo y la zona rural de Cúcuta, donde hay presencia de grupos como el ELN, el EPL y las disidencias del frente 33 de las antiguas Farc.
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Para la Defensoría del Pueblo, el negocio del narcotráfico es la principal razón entorno al recrudecimiento de la violencia en Colombia, factor que además ha sido fundamental para la reconfiguración de nuevos grupos armados que están presionando en los territorios a la población campesina para que se mantengan los cultivos ilícitos.
“La recomendación de la Defensoría es implementar el punto 4 del acuerdo final para que haya una erradicación voluntaria, hay que mejorar el la interlocución, el diálogo, para que los enfrentamientos y las disputas cesen”, concluyó el funcionario.
