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El creciente drama de miles de pacientes que esperan semanas e incluso meses por un medicamento volvió a encender las alarmas en el sistema de salud.
Ante el incremento histórico de peticiones, quejas y reclamos por barreras de acceso, la Superintendencia Nacional de Salud anunció este un 'Plan de Choque Nacional' para garantizar, de manera inmediata, que los colombianos reciban oportunamente los tratamientos que necesitan.
El plan, que tendrá una duración inicial de nueve meses y cobertura en todo el país, obliga a EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales a actuar de forma coordinada y bajo estricta vigilancia.
“La Superintendencia asumirá el liderazgo técnico y sancionatorio del proceso, con facultades para tomar medidas inmediatas cuando detecte riesgos para la vida o la dignidad de los usuarios”, indicó.
La entidad definió cuatro propósitos centrales que marcan una intervención sin precedentes en la cadena farmacéutica del país:
*Eliminar las causas de las demoras en la entrega de medicamentos, desde fallas administrativas hasta problemas de liquidez.
*Garantizar que cada fórmula médica se cumpla, sin interrupciones y con estándares de calidad.
*Blindar los recursos públicos del sistema como la UPC para evitar desvíos, glosas injustificadas o usos irregulares.
*Agilizar y cerrar definitivamente las PQR relacionadas con medicamentos, una de las mayores preocupaciones de los usuarios.
La Superintendencia ya activó en los territorios una batería de medidas que buscan cambiar la dinámica del sistema.
En ellas, visitas sorpresivas a EPS, IPS y operadores farmacéuticos para verificar, en terreno, qué está fallando.
También, requerimientos con plazos estrictos y seguimiento diario del cumplimiento.
Así como, mesas técnicas obligatorias para destrabar controversias que afectan directamente la entrega de medicamentos.
Otra de las medidas a poner en marcha será la revisión minuciosa del flujo de recursos para detectar cuellos de botella financieros, retrasos en pagos o conductas que pongan en riesgo la continuidad del servicio.
Activación urgente de mecanismos de conciliación, con el fin de acelerar la recuperación de cartera y evitar que los impagos se traduzcan en falta de medicamentos.
El plan también contempla un monitoreo en tiempo real de los indicadores de desempeño de cada entidad.
“Si se evidencia riesgo para los usuarios o mal manejo de recursos, la Superintendencia podrá imponer medidas cautelares, sanciones económicas, órdenes administrativas e incluso prorrogar o ampliar intervenciones sobre EPS o actores que incumplan”, indicó.
Apunta que al cabo de los nueve meses, la entidad realizará una evaluación integral del impacto, verificará el cumplimiento de las mejoras estructurales y procederá al cierre definitivo de las quejas priorizadas. Además, se determinarán responsabilidades individuales e institucionales en casos de incumplimiento o negligencia.
“Con esta estrategia extraordinaria de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia aseguró que no permitirá que los usuarios sigan asumiendo las consecuencias de fallas internas entre las entidades del sistema”, sostuvo.
