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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.
Los magistrados concluyeron que ante este escenario se evidenció que: “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.
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Según el informe técnico, las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las Farc y por unidades de la fuerza pública.
El reporte recolectado permitió detectar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá que concentran cerca del 50% de las víctimas.
También se evidencia que su máxima expresión se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos y que a partir del año 2010 se presentó una reducción constante en el número de casos.
“La JEP avanza en la práctica de pruebas para contrastar la información allegada en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto”, indicaron los magistrados de la JEP.
A la fecha este tribunal especial ha encontrado 8 cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, los cuerpos se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
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De igual forma, se reportó en la última inspección forense que fueron hallados 5 nuevos cuerpos que se suman a los 3 encontrados durante el primer semestre de 2020.
Ante esta situación los magistrados de la JEP investigan posibles irregularidades en su traslado y manejo.
“Las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión”, manifestó la JEP.
El Tribunal Especial indicó que este registro de 8 cuerpos se suma a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.
“La base de datos construida por la JEP es resultado de un ejercicio de consolidación de información de seis fuentes, a saber: Centro Nacional de Memoria Histórica; Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información; la Unidad de Atención a Víctimas UARIV; y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, agregó la JEP.
