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La defensora del Pueblo, Iris Marín, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con la que el presidente Gustavo Petro nombró a dieciséis exjefes paramilitares como gestores de paz para una "Mesa Técnica de Diálogo Social".
Petro conformó asimismo un Comité Técnico que, además de los exparamilitares, contaba con la propia defensora Marín o un delegado, al lado de la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el comisionado de Paz, Otty Patiño, entre otros funcionarios.
Entre los exparas designados están Salvatore Mancuso, actualmente en libertad; Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', preso por delinquir después de su desvinculación de las AUC; Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', excluido de Justicia y Paz por no contribuir a la verdad, y otros trece.
Tanto el Comité como la Mesa tienen la tarea de "consolidar un balance integral" de Justicia y Paz, el proceso de justicia transicional que nació en 2005 luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito.
Para Marín, la resolución no explica "la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de crear un mecanismo administrativo para evaluar el proceso de Justicia y Paz por fuera de las instancias judiciales y de los órganos competentes", ni define "con claridad" las funciones de los gestores de paz.
"El acto demandado genera una grave afectación del orden político y social, el cual no se limita a la mera ausencia de desórdenes materiales, sino que comprende la preservación de la confianza ciudadana en las instituciones", sostiene la nulidad, de 54 páginas.
La desmovilización de los 'paras'
La desmovilización masiva de las Autodefensas dejó un saldo de unos 35.317 miembros que dejaron las armas, aunque posteriormente resultaron extraditados o volvieron al conflicto en bandas criminales o grupos residuales. Unos 4,58 mil fueron postulados a Justicia y Paz.
No todas las estructuras paramilitares participaron en las negociaciones con el entonces gobierno de Álvaro Uribe. Por ejemplo, las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) tenían disputas internas con las AUC, así que no se acogieron a Ralito.
Aun así, el presidente nombró a Héctor José Buitrago Rodríguez, alias 'El Viejo', y Héctor Buitrago Parada, alias 'Martín Llanos', de las ACC, lo que crea más confusión frente a las labores que deberían desempeñar para calificar un proceso del que no fueron parte.
Marín cuestiona, además, que el mayor sustento de la resolución sea la Ley 418 de 1997, una norma que autoriza acercamientos con grupos ilegales activos, no con los disueltos, como las AUC: "La motivación no explica, ni siquiera someramente, cómo se supera esta contradicción".
Y repara "la exclusión total de las víctimas" en el diseño de la resolución. "Constituye por sí sola una violación que torna altamente probable la declaratoria de nulidad", remarca la demanda, que pide suspender el acto administrativo mientras el Consejo de Estado llega a una decisión de fondo.
