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La Procuraduría General de la Nación informó que "inició el proceso de Indagación previa para determinar si los funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tuvieron que ver con la contratación por cerca de $32.000 millones con las organizaciones sin ánimo de lucro Acopi, Tenarco y Arca entre los años 2020 y 2022 e incurrieron en conductas sancionables".
Uno de los contratos suscritos es con "la Fundación Tenarco, por un monto superior a $6.500 millones de pesos y en los cuales la mencionada entidad no habría hecho el aporte al que estaba obligada, además identificaron que habrían realizado compras en efectivo y no cuentan con el respectivo soporte".
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El segundo fue con "la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, entre septiembre de 2020 y enero de 2021 por al rededor $8.000 millones de pesos".
Y el tercer polémico contrato sería con "Arca en los cuales una auditoría interna del Área halló posibles irregularidades, entre los que se destaca el posible parentesco de un funcionario del Área y cuenta con transferencias por $34.740 millones a un centro de estudios".
Asimismo, informaron que "estos contratos fueron otorgados sin apertura de concurso a las entidades sin ánimo de lucro".
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Recordemos que estos hechos se suman a las investigaciones realizadas a la Secretaría de Educación de Medellín por los contratos del programa Buen Comienzo y la Fundación Colombia Avanza. Además de la investigación a la solicitud presentada por el aspirante a la gobernación de Antioquia Esteban Restrepo el pasado 12 de abril, donde aseguraba que debido a las decisiones negativas reiteradas de once concejales sobre las ventas de las acciones de EPM, UNE, la empresa de naturaleza pública habría perdido por su participación en UNE cerca de $1.4 billones en los últimos tres años.
