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Unidades de la Seccional de Tránsito de la Policía Metropolitana de Manizales, adelantan constantemente puestos de control en diferentes ejes viales de la capital caldense, logrando así continuar con los resultados operativos contra la delincuencia; es así como recientemente dieron un duro golpe al contrabando en medio de la emergencia ocasionada por la COVID-19.
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Se trata de la incautación de 4 mil pruebas rápidas para la detección de Covid-19, que eran transportadas en un camión bajo la modalidad de encomienda, hecho que se registró en el sector de Sabinas jurisdicción del departamento de Caldas, cuando los uniformados del cuadrante vial le hacen la señal de pare a este vehículo que cubría la ruta Cali-Bogotá.
El jefe de la seccional de tránsito en Manizales capitán Manuel Caicedo, explicó que, “al verificar en el interior del vehículo se encuentran cuatro cajas envueltas en plástico negro y cinta, en las cuales se encontraban los 4 mil test rápidos de COVID. Al preguntarle al conductor sobre la procedencia de los elementos, este manifiesta que no tiene documentación que acrediten la legalidad ni los registros Invima, pues se trata de una encomienda”.
Aseguró el oficial que analizando la ruta y los empaques de las pruebas, éstas provienen de Quito (Ecuador), las cuales no tienen ninguna legalidad en Colombia, motivo por el que se procede a incautarlas y dejarlas en poder de las autoridades de salud.
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Estas 4 mil pruebas rápidas no permitidas en nuestro país, tienen un costo aproximado de 200 millones de pesos, y fueron dejadas a disposición de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que advierte de los riesgos de utilizarlas pues no cuentan con los requisitos del Ministerio de Salud.
“En este caso no se presentan capturas, teniendo en cuenta que los elementos eran transportados en modalidad de encomienda, por lo que se investigara el origen de la misma”, añadió el oficial.
Por último, el jefe de la seccional de tránsito Manuel Caicedo invitó a la comunidad a no dejarse engañar con estos elementos, y a que acudan a las autoridades en caso de ofrecimiento de las pruebas, las cuales no tienen ninguna garantía, a diferencia de las que realizan las EPS validadas por el Instituto Nacional de Salud.
