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Tal como lo había advertido el director Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava, en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), el pasado sábado en el corregimiento de Puerto Valdia, las comunidades asentadas en esta zona hasta el kilómetro 12 de Tarazá, considerados la comunidad que está en mayor riesgo frente el encendido de las turbinas 1 y 2 de Hidroituango, deberán ser evacuadas.
La resolución 1056 del 4 de noviembre es emitida luego de que EPM no entregara el informe sobre las condiciones del macizo rocoso ante las vibraciones generadas por la puesta en marcha de las primeras unidades.
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Adicionalmente, el artículo 5 determina que las viviendas, aguas abajo del proyecto, categorizadas en alerta naranja y amarillo, deberán realizar los simulacros de evacuación.
Al respecto, el alcalde de Medellín y gerente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, había manifestado en consejo de gobierno que, cumplirán con los protocolos ordenados por el UNGRD.
"Hoy el riesgo no es que el macizo se dañe, nuestra preocupación es con la máquina que pesa 700 toneladas y vale toda la plata del mundo (...) vamos obviamente a cumplir todas las órdenes del PMU que nos han pedido la evacuación preventiva de la comunidad de Puerto Valdivia, nosotros creemos que todavía no es necesario, pero nosotros cumplimos órdenes", sostuvo el mandatario.
Esta dependencia solicitó a EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango actualizar los protocolos y procedimientos de alerta, alarma y niveles de activación identificados en el componente de Manejo de Desastres.
Los municipios y poblaciones en orden de riesgo son: Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, Córdoba, Ayapel, Sucre, Majagual, Guaranda, Sucre, San Benito Adad, Caimito, San Marcos, Bolívar, San Jacinto del Cauca, Achí, Magangué.
Mientras se desarrollen las pruebas y persista el riesgo, deberán permanecer activos los concejos municipales de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Ituango y Briceño.
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Además, esta dependencia solicitó la actualización del Plan de Gestión del Riesgo, como un requisito indispensable que deberá ser entregado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), antes de la entrada en operación de la megaobra.
