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Ante los temores y la zozobra que la actual desinformación genera para los habitantes de las poblaciones aledañas al proyecto de Hidroituango, por el encendido próximo de dos de sus ocho turbinas, la Procuraduría General de la Nación anunció que intensificó la vigilancia sobre el proyecto y las acciones preventivas en materia de gestión del riesgo de desastres.
Por esto, en la sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, que se desarrolló el pasado viernes, el Ministerio Público hizo énfasis en que hay al menos cuatro aspectos que se deben establecer para el proceso de evacuación y por ende, el simulacro que se realizará este martes 15 de noviembre, con al menos 3.500 personas de 22 sectores de Puerto Valdivia, Tarazá, Briceño e Ituango.
Estos cuatro aspectos son un censo preciso de las personas a evacuar de manera temporal de las zonas consideradas de alto riesgo, su lugar de trasladado, la temporalidad de la evacuación, el cuidado y, protección de sus bienes y demás derechos fundamentales.
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La Procuraduría le hizo un llamado a EPM, a las autoridades departamentales y municipales, a tener una mejor comunicación, debido a la incertidumbre que ronda a los residentes de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, y al no tener claro cuál va a ser su futuro.
“Establecer protocolos de comunicación veraces, claros, oportunos y efectivos, incluyendo canales de comunicación disponibles las 24 horas, con un mensaje tranquilizador y unificado de la institucionalidad para difundir los avances, alertas y decisiones tomadas respecto al proyecto de forma masiva, garantizando que la información llegue a todos los habitantes”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
El organismo de control insistió en resaltar la importancia que tienen los voceros comunitarios al representar a juntas de acción comunal, comunidades indígenas, asociaciones campesinas, pescadores y consejos comunitarios que desarrollan una labor vital en la difusión del mensaje.
Por otra parte, la Procuraduría reiteró que se hace necesario llevar a cabo los simulacros de evacuación y entrega de los resultados de las pruebas antisísmicas del macizo rocoso lo antes posible.
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Advirtió que ante la precariedad detectada en dichas poblaciones de la falta de un plan municipal actualizado y adecuado para la atención de emergencias, se hace necesaria la ayuda a los alcaldes por parte de la Gobernación de Antioquía y, si se supera su capacidad de respuesta, la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“La Procuraduría General de la Nación seguirá insistiendo en la realización de todas las pruebas y los mecanismos posibles para garantizar los derechos de los pobladores, así como de la ejecución del mismo proyecto”, reza el comunicado.
