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Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia como presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá. Esto ocurrió menos de 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara su salida, y ordenara una investigación penal por la emergencia causada tras las lluvias en Córdoba.
El directivo explicó que su decisión de apartarse del cargo es para permitir que la empresa continúe su labor, sin generar polémicas ni confrontaciones con la Presidencia. Señaló que el contexto es especialmente sensible por la crisis que enfrentan las comunidades afectadas.
Disputa política por el control de Urrá
La renuncia ocurre en una empresa que desde el año pasado ha estado marcada por disputas políticas por su control, especialmente tras el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucró a dirigentes del departamento de Córdoba.
Con la captura del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, señalado en ese caso, se intensificaron las tensiones por el manejo de la hidroeléctrica, considerada estratégica por su capacidad de contratación y su influencia en proyectos energéticos de la región.
Según versiones conocidas en Córdoba, la disputa por el control de la empresa se agudizó tras la caída política de ese grupo, lo que habría generado cambios en los cargos directivos y tensiones entre distintos sectores.
En ese contexto se produjo el nombramiento de Acevedo, en medio de versiones de choques por la dirección de la compañía.
Denuncias relacionadas con proyectos de la hidroeléctrica
Además de las disputas políticas, la empresa había sido objeto de denuncias trasladadas a las autoridades el año pasado, relacionadas con proyectos energéticos y decisiones internas.
Uno de los casos mencionados fue el del parque solar Urrá 19,9, un proyecto de generación fotovoltaica que presentaba retrasos cercanos a dos años. El contrato estaba en manos de un consorcio en el que participaba la empresa Luxim Ingeniería S.A.S.
En ese contexto, un documento de denuncia mencionaba posibles presiones sobre directivos de la hidroeléctrica para favorecer intereses en procesos licitatorios. Dicho documento fue trasladado a autoridades competentes para su revisión.
Estas denuncias están relacionadas con proyectos y decisiones dentro de la hidroeléctrica, no con contratos de entidades territoriales.
Indagaciones y auditorías dentro de la empresa
De manera paralela, la Fiscalía había adelantado indagaciones a partir de anexos trasladados desde el Ministerio de Hacienda el año pasado, relacionados con lo que ocurría al interior de la hidroeléctrica.
Además, un informe de auditoría interna advirtió problemas en la asignación de cargos y en el cumplimiento de funciones dentro de la empresa, lo que generó cuestionamientos sobre su estructura administrativa.
Empresa estratégica en medio de la polémica
Urrá es considerada una empresa clave en el sistema energético del país y en la economía de Córdoba, con una capacidad de generación cercana a los 340 megavatios.
La renuncia de su presidente encargado ocurre así en un momento en el que coinciden tres factores: la emergencia por inundaciones, las indagaciones oficiales sobre la operación de los embalses y un historial reciente de denuncias y tensiones políticas alrededor de la empresa.
Indagaciones por operación de embalses
En paralelo a la renuncia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, inició indagaciones preliminares para revisar la gestión de los embalses por parte de los generadores del Sistema Interconectado Nacional.
La entidad analiza la operación de los embalses, los precios de oferta presentados al Mercado de Energía Mayorista, los volúmenes de almacenamiento y el cumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo y Desastres.
El objetivo es establecer responsabilidades frente a las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.
El presidente Gustavo Petro señaló que algunas hidroeléctricas, entre ellas Urrá e Hidroituango, habrían mantenido niveles por encima de los permitidos, lo que obligó a realizar descargas que agravaron la emergencia.
Por su parte, el gremio Acolgen afirmó que los vertimientos responden a obligaciones técnicas y que los embalses cumplen funciones de regulación de ríos, generación de energía y reducción de riesgos de inundación.
