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El vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, entregó detalles sobre las graves inconsistencias que ha encontrado en los recursos que actualmente están siendo manejados por las EPS.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha pagado a las EPS con corte a octubre $64 billones para garantizar la prestación del servicio a los colombianos y que solo se deben $13 billones.
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“Bajo el modelo jurídicamente vigente, no existe hoy ninguna posibilidad de que las EPS nieguen la prestación del servicio de salud, la atención de salud y la prestación de asistencia médica a todos los colombianos afiliados que se encuentran hoy amparados bajo el régimen de salud”, agregó Zuluaga.
En ese mismo sentido, precisó que las EPS deberían tener unas reservas de $15 billones, pero actualmente solo tienen $4.9 billones, por lo que se va a hacer una valoración del modelo de eficiencia de la Unidad de pago por capitación (UPC).
“La Contraloría verificará el monto de las reservas reportadas que no sean meramente contables, sino que cuente con el respaldo financiero efectivo a la fecha, hoy debían tener reservas por $15 billones y solamente tienen reservas por $4.9 billones”, añadió.
De igual forma, el funcionario sostuvo que hay algunos giros superiores a la facturación que han hecho EPS a IPS. Específicamente, la Nueva EPS tuvo una facturación por $2.3 billones en 2022 y giró $3.8 billones, por lo que tiene actualmente $1.5 billones sin justificar.
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“Todavía hasta el día de ayer en reuniones sostenidas con la nueva EPS no pudimos tener información suficiente para esclarecer la justificación de estos giros que ascienden a 1.5 billones de pesos por encima de la facturación registrada en el año 2022”, afirmó Zuluaga.
Asimismo, señaló que Famisanar tiene contratos con su propia red en un 45% para este año y superó el 30% permitido para contratar con sus IPS privadas.
Finalmente, el ente de control advirtió una ineficacia de las acciones desarrolladas y los recursos invertidos para la puesta en marcha del Sistema de Salud Indígena (SISPI), para el cual se ha destinado más de $70.000 millones.
“Los recursos se asignaron sin criterios técnicos sólidos y transparentes; así mismo, la distribución de fondos no guarda coherencia con los territorios donde se presentan las mayores brechas en salud de la población indígena, lo que podría resultar en una distribución inadecuada e inequitativa de los recursos públicos”, puntualizó.
