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A raíz del decreto emitido por el Gobierno Nacional sobre el cese al fuego, en el cual grupos armados ilegales como la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada se comprometieron a un cese al fuego con el fin de avanzar con la propuesta de Paz Total, la Defensoría hizo un seguimiento y evidenció que no todos los grupos estarían cumpliendo con el cese de hostilidades.
La Defensoría del Pueblo adelantó una labor de monitoreo especial y reveló algunos resultados periódicos sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos en el marco de este proceso.
“En los primeros días del 2023 se han identificado seis acciones ocurridas después de firmar los decretos, cinco de ellos por acciones de los grupos armados ilegales que se acogieron a la propuesta del Gobierno”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En su mayoría, los hechos ocurrieron en el suroccidente del país involucrando a facciones disidentes de las antiguas Farc-EP adscritas al Comando Coordinador de Occidente, en las cuales la entidad ya había emitido alertas tempranas de acciones violentas cerca de los lugares que habita la población civil.
Del mismo modo, la Defensoría reporta hostigamientos contra estaciones de Policías en el departamento del Cauca, en donde, al parecer, opera el Comando Coordinador de Occidente del frente Jaime Martínez.
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Con base en lo registrado, el Defensor del Pueblo destacó que la paz total requiere de un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos, en cuanto al Gobierno Nacional le reiteró la necesidad de que expida los protocolos donde se establezcan todos los detalles relacionados con el proceso de monitoreo y verificación.
La Defensoría reiteró que seguirá en su labor para advertir y prevenir la ocurrencia de hechos que afecten los Derechos Humanos de la población civil, no solo con los grupos armados ilegales que se unen al cese al fuego; sino con todos los que puedan amenazar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas en el país.
