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El presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip), Miguel Ángel Díaz, le propuso a la Alcaldía de Bogotá la construcción de una cárcel para más de 1.000 sindicados, con el propósito de reducir las graves cifras de hacinamiento que se registra en los penales de la ciudad, al igual que en las URI y estaciones de Policía.
El directivo aseguró que la megacárcel sería administrada por ese gremio y que su construcción se haría por medio de una Alianza Público Privada (APP).
“Desde la Confederación estamos seriamente preocupados no solamente por el pésimo estado de las cárceles actuales, sino también porque tampoco están cumpliendo con su función de resocializar. Lo que planteamos es un lugar que dé resultados eficientes”, señaló.
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En ese sentido, Díaz García explicó que el penal sería el más moderno y grande de América Latina, al tiempo que agregó que "sería totalmente automatizado, con identificación facial, bigdata e inteligencia artificial", para que cumpla con las condiciones de una cárcel de máxima seguridad.
El líder gremial aseguró que los terrenos en los que se construiría el penal serían otorgados por la Alcaldía y que las más de cien empresarias que hacen parte del gremio, administrarían el penal.
“Lo que le pedimos a la alcaldesa es que disponga de un predio y nosotros nos encargamos del resto. Aquí todos debemos ser conscientes de que la ciudad está pidiendo a gritos nuevas instalaciones carcelarias que cuenten con IPS, con verdaderos espacios de resocialización".
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Explicó que "soñamos con cárceles al mejor estilo de Europa o de Norteamérica, en las que se tenga registro facial de cada uno de los internos, así como de sus movimientos minuto a minuto”.
Piden garantías laborales al nuevo gobierno
Por su parte, el gremio de las Empresas Privadas de Seguridad (Ecos), le hizo un llamado al nuevo gobierno para que otorgue garantías laborales al sector, que tiene vinculadas más de 450.000 personas a nivel nacional.
La directora ejecutiva de ese gremio, Carolina Carrillo, señaló que algunos de las reformas que anunció el nuevo gobierno podría afectar el crecimiento económico del sector, "que ofrece oportunidades de trabajo para miles de madres cabeza de hogar, indígenas, raizales y afrodescendientes".
“Solicitamos al Gobierno Nacional se dé un espacio con el Ministerio de Justicia y de Defensa, para exponer nuestras inquietudes y llegar así a acuerdos que estimulen al trabajador como a los empresarios", dijo.
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Agregó que el objetivo es "crear un escenario propicio para a la generación de empleo que impacte positivamente la economía del país, todo a su vez que somos una industria que ha estado creciendo significativamente, aportando al Producto Interno Bruto (PIB), cerca de 2 %”
Carrillo indicó que "pedimos al gobierno no se le dé la espalda al empresariado al aumentarle cargas en reformas, que puedan frenar las oportunidades de crecimiento económico. Debe haber un consenso, el cual solicitamos para el bienestar del sector y sus empleados”.
