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Durante la tarde de este sábado se hizo oficial el acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos-Fedegán, que establece que los tres millones de hectáreas de tierra que se comprarán a empresarios del sector ganadero de forma voluntaria, deben ser acreditadas como propiedad privada conforme a la ley, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección y cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias y las condiciones ecológicas.
Adicionalmente, los predios deberán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios.
El Gobierno Nacional evaluará la capacidad productividad de la tierra ofertada y se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal.
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Además, el acuerdo indica que se propenderá porque la adquisición de tierras se focalice en número de hectáreas, que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables y adelantará, de forma inmediata, planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias necesarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad.
Las personas del sector ganadero que de manera voluntaria deseen participar en este acuerdo, se comprometen a vender los predios por su valor comercial, tal como lo dispone la Ley 160 de 1994.
Por su parte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-Igac determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y a esto se sumará para dicha determinación el resultado del catastro multipropósito.
Ante esto el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el gobierno.
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La tierra objeto de compra directa tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras, creado en la Reforma Rural Integral, para avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final, y del compromiso del Gobierno Nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas.
Para la ejecución de este acuerdo se creará una mesa de trabajo que, por parte del Estado, será liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con participación de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las diferentes entidades públicas que tengan competencia para lograr su materialización, y en la cual tendrán participación también las personas que designe Fedegán.
