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Luego de que por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejara en firme las condiciones que existen para la reanudación de las fumigaciones con glifosato en Colombia, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció que el Gobierno insistirá en utilizar la aspersión aérea, como medio para combatir el narcotráfico.
Según dijo presentarán una propuesta ante el Consejo Nacional de Estupefacientes.
"Como lo expone la Corte Constitucional, el Gobierno llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo, para que dentro del cumplimiento de la Sentencia y del Auto, se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos", dijo Cabello.
La Ministra de Justicia afirmó también que el Gobierno dará cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, frente al glifosato pero manifestó que seguirá insistiendo en luchar contra el narcotráfico.
"Continuaremos trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos y a la vez podamos avanzar en la lucha contra el flagelo de la droga y los cultivos ilícitos", señaló.
La jefe de la cartera de Justicia, sostuvo también que se ratifica el compromiso con las más de 100 mil personas, que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.
"A la fecha contamos con más de 100 mil personas vinculadas que han arrancado de raíz casi 35 mil hectáreas de hoja de coca, 5 mil de ellas con apoyo de la fuerza pública", explicó Cabello que continuarán siendo apoyados por el Gobierno.
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El pronunciamiento de la Ministra, se dio horas después de que la Corte Constitucional hiciera pública su posición frente al uso del glifosato.
En el complejo debate jurídico, el alto tribunal mantuvo las condiciones que ordenó la Sentencia T-236 de 2017 en la que se ordenó comprobar que el uso del glifosato en la aspersión aérea no causa daños a la salud y al medio ambiente.
"Reiterar que para la reanudación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato (...) deberán cumplirse los requisitos previstos en la sentencia T-236 de 2017 con las precisiones de este auto", precisa la decisión judicial.
Para la Sala, el Gobierno debe hacer la consulta con las comunidades antes de iniciar las aspersiones aéreas. De no hacerlo no se pueden reanudar las fumigaciones con este químico.
Para esto se deberán presentar "evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente". Para la Corte esto no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. "Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto".
La Corte Constitucional señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente" y las herramientas que existen en la política pública contra las drogas.
"La decisión deberá tomarse en el marco de la política pública que se deriva del cuarto punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto para la Construcción de una Paz Estable y Duradera", precisó la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz.
