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En medio de la Paz Total que ha anunciado el gobierno Petro desde el inicio de su administración en agosto de este año, se mencionó la opción de adelantar un proceso para liberar a algunos integrantes de la primera línea para que luego sean luego garantes de paz.
El decreto que se conoció este une 12 de diciembre y se firmó el pasado viernes 9 de diciembre, menciona la creación de la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que permitiría que esa iniciativa que su liberación fuera realidad.
El documento llega en medio de una marea judicial en la que se han mostrado inconformidades por parte de diferentes entes como la Procuraduría, la Defensoría, y la Fiscalía, quienes advirtieron los riesgos constitucionales de esta posible decisión.
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El decreto también menciona que esta comisión estará confirmada por el ministro del Interior o su delegado, ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, quien presidirá; ministro de Defensa Nacional o su delegado y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.
La Comisión tendrá como objetivo “la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.
Entre las funciones de este grupo se encuentran definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.
También recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros, así como la continuidad o exclusión como vocero de conformidad con el informe de evaluación y monitoreo que del cumplimiento de las obligaciones y condiciones realice el Alto Comisionado para la Paz.
La comisión también podrá expedir su propio reglamento y realizar las demás funciones que le correspondan por su naturaleza y para dar cumplimiento al objeto con el que fue creada. Los funcionarios que integran esta comisión deberán reunirse de manera ordinaria en una oportunidad cada trimestre y podrán hacerlo de manera extraordinaria a solicitud de alguno de ellos y contando con la mitad más uno de los miembros.
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En diálogo con La FM, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, manifestó que lo que "podría ser este decreto es un atajo para facilitar los acuerdos de paz".
Al ser estos miembros de la Primera Línea gestores de paz, podrían sentarse en la mesa para negociar. "Ese es el propósito que busca la norma que se ha establecido en esas leyes".
En cuanto a los requisitos para que los miembros de la primera línea sean parte del proceso de paz, el expresidente de la Corte Suprema mencionó que no se estarían cumpliendo, pues "se va a liberar a una serie de personas de las que no sabe uno que van a hacer en ser gestores de paz".
Así las cosas, "esto no puede ser para condenados", afirmó Arrubla, ya que "esto suspende órdenes de captura, pero no cesa la acción penal y el proceso continúa y pueden ser luego condenados".
