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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras un análisis jurídico exhaustivo y el agotamiento del debido proceso, terminó de manera unilateral el contrato firmado con el consorcio RCG, el cual fue adjudicado el 14 de noviembre de 2023.
El contrato con un valor total de $129 mil millones, tenía como objetivo cerrar el boquete en el sector de Caregato e intervenir el canal de La Esperanza, en la subregión de La Mojana, una zona que ha sufrido recurrentemente por inundaciones.
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La entidad pagó al consorcio RCG, de manera anticipada, $25.800 millones, equivalente al 20% del valor total del contrato. Sin embargo, a pesar de este desembolso y los esfuerzos realizados por el contratista, la obra no alcanzó el avance esperado.
El boquete en el dique, que había sido reportado como cerrado en marzo, volvió a romperse el 6 de mayo, apenas dos meses después. Hoy, el boquete tiene una longitud de 62,8 metros, lo que sigue representando un riesgo para las comunidades afectadas por las inundaciones.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, afirmó que esta decisión está motivada por el compromiso de la entidad de proteger la vida y el bienestar de las comunidades de La Mojana, quienes dependen de estas obras para mitigar los efectos devastadores de las inundaciones.
"Es una decisión que tomamos con base en los principios de eficiencia y protección del interés general. Debemos asegurarnos de que los recursos se usen de manera efectiva y que las obras se lleven a cabo en el menor tiempo posible", dijo Carrillo.
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La terminación unilateral del contrato, según la entidad, busca la protección de los recursos públicos y la defensa del interés general. La entidad señaló que los diseños y el método constructivo empleados por el consorcio no permitieron el cierre efectivo del boquete, y continuar con el contrato sería ineficiente y antieconómico. Invertir los $103 mil millones restantes bajo estas condiciones, indicaron, no sería una gestión adecuada de los recursos del Estado.
Finalmente, la entidad señaló que el consorcio RCG, por su parte, no presentará recursos legales contra la terminación del contrato y se someterá a un tribunal de arbitramento para resolver las controversias sobre las cantidades de obra ejecutadas.
