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Un grupo de siete disidentes de las Farc, responsabilizados del asesinato del comunero Jesús Antonio Rivera en hechos registrados durante el fin de semana en el resguardo de Huellas en el municipio de Caloto (norte del Cauca), fueron sometidos a un juicio por parte de las comunidades indígenas que como ellos le llaman, "les aplicaron remedio".
Dos disidentes quienes fueron señalados de activar sus armas contra el nativo asesinado, fueron condenados a 25 años de prisión, de igual manera otros dos que habían reincidido en cometer faltas fueron condenados a cinco años de cárcel y los restantes tres fueron devueltos a sus familias y obligados a prestar tres años de trabajo comunitario.
“Este proceso se realiza dentro del derecho constitucional que tenemos las comunidades indígenas. Es un juzgamiento y armonización para un delito muy grave como es un homicidio. Dependiendo de la participación en el asesinato del comunero se tomaron las determinaciones y los autores materiales recibieron el mayor castigo”, explicó Alejandro Casamachin, líder indígena del norte del Cauca.
Todos los disidentes recibieron fuetazos o “sacudidas” como castigo y en el desarrollo del juicio se identificó que todos estaban dentro del censo de las comunidades indígenas.
Los condenados hacían parte del Grupo Armado Organizado “Dagoberto Ramos”, una disidencia de las Farc que hace presencia en el departamento del Cauca y cuyo cabecilla al mando es alías “El Indio” de quien se supone los capturados recibieron la orden para ejecutar el crimen.
Mientras tanto las armas incautadas serán dejadas a disposición de la iglesia católica si el gobierno lo autoriza, como un símbolo de los nativos que quieren enviarle un mensaje a los grupos armados para frenar la racha de violencia que se vive en los territorios y que ha cobrado la vida de 36 líderes y comuneros en lo corrido de este año.
“Decidimos entregar en custodia las armas a la iglesia católica con el fin de convocar a los actores armados a un dialogo abierto y sincero, que nos permita encontrar la posibilidad de defender el territorio respetando la vida. Esas armas se convierten entonces en el puente de dialogo para el ejercicio de la reconciliación y la paz”, puntualizó Geovani Yule, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
