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Un grupo de padres, vecinos, cuidadores se congregó frente al jardín infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, para exigir justicia tras conocerse la denuncia de presunto abuso sexual cometido contra varios menores al interior del centro educativo, que es operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Margie Espinel, familiar de una de las menores afectadas, participó del plantón con la esperanza de que las autoridades actúen de manera ejemplar frente al caso con todos los involucrados.
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Según sus declaraciones, el presunto agresor ya fue capturado por la Policía de Bogotá, pero insiste en que hubo complicidad, por parte de miembros de la administración del jardín.
“Nosotros sabemos y tenemos muy claro que el abusador fue Freddy, que gracias a Dios pues ya nos dijeron que ya lo habían capturado, pero acá hubo mucha complicidad por parte de la coordinación de las directivas de la parte administrativa del jardín.”, expresó.
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La madre relató cómo fue que su hija le contó lo sucedido. A través de un ejercicio con dibujos, la menor relató los abusos que habría sufrido por parte del profesor, describiendo tocamientos y comportamientos inadecuados.
“Porque mi niña me habla, mi niña me dice que el profesor le da besos en la boca. La niña me dice que sí que el profesor le da besos en la boca cuando yo le hago un dibujito del cuerpo señalándole pues la boquita, los ojitos, la parte íntima y ya me dice que el profesor le da besos en la boca, en la cola y nos muestra cómo la toca, cómo le juega con su lengua en sus partes íntimas.
A pesar de que el ICBF ha manifestado que está trabajando para restablecer los derechos de la niña, Margie Espinel asegura que no ha habido un acompañamiento psicológico efectivo ni una atención integral por parte del Estado.
“De que digan que nosotros tenemos ciertos psicólogos destinados para usted, para los niños y para la familia, no. Quiere psicología, vaya a la EPS y vuelva con los certificados de que la niña está asistiendo a psicología”, afirmó.
Actualmente, la menor se encuentra al cuidado de su abuela, mientras la familia intenta brindarle estabilidad emocional. Por ahora, su madre no confía en enviarla nuevamente a una institución educativa.
El caso genera una fuerte indignación en la comunidad, que reclama acciones concretas por parte del ICBF, el Distrito y la justicia. La exigencia es que no solo se castigue al presunto agresor, sino también a quienes, por omisión o negligencia, permitieron que la situación ocurriera.
