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En medio del congreso de Confecámaras 2024, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reiteró su preocupación ante la posibilidad de que 10 millones de personas queden sin el servicio de energía, en diferentes regiones del país.
El contralor aseguró que distintas empresas prestadoras de servicios han tenido dificultades para recibir los giros correspondientes a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado, así como el pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable.
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“Como lo hemos venido advirtiendo, si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía”, afirmó.
El contralor reiteró que la situación es grave y no ve medidas concretas para solventarla. "Tan es así que hoy Air-e, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que podría suceder con otras empresas como Afinia, que tiene un número significativo de usuarios en la Costa Atlántica. Si se perjudican financieramente, también afectarían a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia".
Según el contralor, es importante tener presente que una intervención implica, no solo el conocimiento técnico y financiero de la operación, sino también disponer de recursos del presupuesto nacional.
“Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al Gobierno Nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación, por ejemplo, de las dos compañías Air-e y Afinia, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios”, agregó.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que la Nación no cuenta con los recursos necesarios. “Prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público que, en últimas, corresponde a una de las finalidades de nuestro Estado”.
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Hernández destacó que la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la Región Caribe, sino a nivel nacional, y comprende además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta.
“El no pago oportuno a los prestadores del servicio desincentiva la prestación del servicio de energía, y en lo que compete al Caribe Colombiano, pone en riesgo importantes avances en la calidad del servicio de energía y cobertura”, concluyó el contralor.
