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Desde el 2017 que la Corte Constitucional declaró el estado de violación de derechos fundamentales en la comunidad wayuú de la Guajira, la falta de agua potable, salud y alimentación continúa y los más afectados son los niños, niñas y adolescentes de esa comunidad indígena.
Un informe de la organización Dejusticia que es el resultado de una inspección que ordenó la Corte, dice que después de cuatro años de la sentencia, el Gobierno no ha implementado medidas eficaces para subsanar las necesidades de la comunidad.
La visita se hizo a las comunidades de Nueva Venezuela, Media Luna y 23 de abril, en Uribia; a Guarralakatshi y Lacantamana, en Manaure; e Ishashimana, ubicada en el kilómetro 6 en la vía Manaure-Uribia, en donde se evidencio que aún no tienen agua potable y no existe el recurso o es difícil de obtenerlo.
Por ejemplo, el informe constató que “la pila pública de Porky, ubicada cerca de las comunidades de Guarralakatshi y Lacantamana, en Manaure, y que hace parte del proyecto 'Guajira Azul', no satisface necesariamente los estándares de disponibilidad y calidad del líquido".
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También “en Guarralakatshi, algunos habitantes mencionaron que, aunque algunas comunidades se hallan próximas a la pila pública de Porky, no les es posible acceder al líquido que allí se ofrece ya que está ubicado en el territorio de otro clan”.
“Las dificultades no solo se deben a causas ambientales (…) sino también por la omisión de las autoridades competentes para proveer un servicio sostenible de suministro de agua potable”, dice el informe.
Así mismo advierte que el Viceministro del Agua contestó que “no era de su competencia” el tema de la infraestructura para el suministro del líquido y que “dicha cartera no cuenta con disponibilidad presupuestal para adelantar el mantenimiento de ese tipo de obras (pozos)”.
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El informe también señala que “esta comunidad no cuenta con batería sanitaria alguna, por lo cual niños y niñas se ven obligados a utilizar arbustos para hacer sus necesidades fisiológicas de eliminación de desechos corporales”.
En materia de alimentación y salud las cosas no son distintas. El informe dice que: “Las comunidades indígenas de la Alta Guajira enfrentan problemas de disponibilidad y accesibilidad física a los alimentos que están asociados con la pérdida y desincentivo de las prácticas productivas, culinarias y alimenticias wayuu”.
En ese punto advierte que, aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) entrega porciones de alimentos, éstas son “reducidas de los paquetes que regularmente son entregados lo que lleva a que no satisface el propósito de garantizar el derecho a la alimentación de los niños y niñas”.
Con respecto al derecho a la salud, el informe advierte que en la Guajira no están dadas las condiciones para la prestación del servicio.
Por lo cual hace un llamado a construir un sistema de salud acorde a las diferencias y necesidades propias de las comunidades indígenas del departamento.
“Esto implica la aplicación de un enfoque diferencial, materializado en que los pueblos puedan (i) producir y emplear sus propias medicinas tradicionales y curativas; (ii) organizar y prestar los servicios de salud bajo su propia responsabilidad y control; (iii) organizar y prestar los servicios de salud por los miembros de las comunidades indígenas conforme a sus convicciones y creencias; y por último, (iv) intervenir en la planeación, administración y ejecución de los servicios de salud”, se lee en el documento.
