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Mientras el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González sigue asilado en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega lo protege de una orden de captura internacional, en Colombia la justicia avanza.
La Corte Suprema de Justicia ya designó a la magistrada que se encargará de analizar las pruebas de la Fiscalía y plantearle a la Sala de Primera Instancia si es necesario condenar a quien sería una de las fichas clave del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Por reparto, el expediente le correspondió a la togada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala. La magistrada tendrá que fijar una fecha en los próximos días para la audiencia de acusación, que podrá desarrollarse mientras González sigue prófugo.
Las investigaciones por el saqueo a la UNGRD en el gobierno de Gustavo Petro apuntan a González, expresidente del partido Alianza Verde, como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento en su contra, y a la Interpol, una circular roja.
Los señalamientos contra Carlos Ramón González
Según la Fiscalía, que se ha basado principalmente en los testimonios del exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, González coordinó la entrega de una coima de tres mil millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Name y otra de mil millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle. La Corte Suprema los investiga.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El Gobierno ha negado estar detrás de la petición.
El régimen de Ortega y Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguraron que González "es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por crímenes que permitan inferir una persecución política que sí hubiese sido un motivo para aplicar la figura del asilo.
"Seguimos con la judicialización"
Carlos Ramón González "enfrenta un proceso penal", enfatizaron las carteras. El derecho al asilo, entonces, "no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos"
La Fiscalía le imputó a González cohecho, peculado y lavado de activos. La acusación, que antecederá a una audiencia preparatoria y al juicio contra el exmilitante del M-19, se basa en los mismos delitos, que la Corte Suprema deberá revisar próximamente.
Ninguno de los crímenes es político o está sustentado en bases políticas. Desde que el ente acusador imputó a González en mayo, el paradero de González había sido desconocido, hasta que las labores investigativas y las búsquedas de una orden de captura incluso internacional revelaron que se encuentra en el país centroamericano.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 27 de noviembre la presentación del escrito de acusación. "Independientemente de si a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa o se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización, como corresponde”, dijo.
