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Al realizar una visita a 13 municipios de La Guajira, Atlántico y Chocó, la Defensoría del Pueblo encontró serias irregularidades en los programas de alimentación escolar de estos departamentos.
Durante la inspección que realizaron los funcionarios de la entidad encontraron que hay incumplimiento de la normatividad sanitaria, problemas de contratación, dificultades de infraestructura para el almacenamiento y la manipulación de los comestibles.
Estos problemas hacen parte del panorama evidenciado en poblaciones como Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará, dice el informe de la entidad.
En el caso del Atlántico, la Defensoría citó un informe de la Secretaría de Salud departamental que reveló que de 210 muestras tomadas a los alimentos de 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, El 70 % presenta presencia de coliformes totales y fecales, entre otras sustancias.
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Por esto, la entidad llamó la atención sobre la falta de articulación entre las entidades territoriales, toda vez que a pesar de estos hallazgos, la Secretaría de Educación no puso en marcha los planes de mejoramiento respectivos, ni se iniciaron las actuaciones administrativas frente al problema.
En cuanto al Chocó, la entidad se declaró preocupada por la falta de control que se realiza sobre los operadores encargados del programa de alimentación escolar, ya que a 26 municipios únicamente se les realizó inspección telefónica y solo a tres visitas para verificar en qué condiciones se encuentran y distribuyen los alimentos, esto durante el segundo trimestre del año.
En La Guajira, donde el problema de la desnutrición infantil ha conmovido a Colombia, la Defensoría del Pueblo también encontró falencias relacionadas con el suministro de los alimentos escolares, pues para citar apenas un caso, en un uno de los centros etno-educativos de Manaure, a 7 de julio (cuando se realizó la primera visita humanitaria de inspección en esta materia), no habían sido entregados los comestibles que debían llegar el 22 de junio.
En otros lugares, se encontró que los niños, niñas y adolescentes tienen que pagar por el almuerzo y el complemento alimenticio, ello sin contar con las precarias condiciones identificadas en la mayoría de establecimientos visitados, donde los alimentos perecederos son ubicados en el piso, no hay alacenas ni refrigeradores para su conservación, los niños comen a la intemperie y hacen sus necesidades a campo abierto por la carencia de baterías sanitarias, entre otros factores.
La Defensoría llamó la atención de las autoridades y de las instituciones involucradas para que tomen cartas en el asunto.
