La FM en Google News
La controversia entre el concejal Roberto Ortiz y el gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, escaló a los estrados judiciales. El abogado del gerente, Luis Gustavo Moreno Rivera, anunció acciones penales, civiles y constitucionales contra el político caleño al considerar que sus declaraciones sobre el proyecto de modernización del alumbrado público afectaron la honra, el buen nombre y la reputación de su representado.
El jurista sostuvo que las afirmaciones hechas por Ortiz también comprometieron la seguridad del gerente y de su núcleo familiar.
La decisión se conoce luego de varios meses de enfrentamientos públicos entre ambos funcionarios por el contrato de modernización del alumbrado público de Cali, proceso que ha estado en el centro del debate político y de una investigación disciplinaria que aún adelanta la Procuraduría General de la Nación.
Según Moreno Rivera, las afirmaciones del concejal carecen de sustento probatorio. Agregó que, si Roberto Ortiz asegura que existen irregularidades o un supuesto direccionamiento contractual, debe presentar las pruebas ante las autoridades competentes para que sean ellas las que adelanten las investigaciones correspondientes.
La defensa de Roger Mina acudirá a la justicia
El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera aseguró que el ejercicio del control político tiene límites constitucionales y no puede utilizarse para formular acusaciones sin pruebas contra servidores públicos.
"No todo vale en el ejercicio del control político. Las afirmaciones realizadas contra el doctor Roger Mina lesionan gravemente su honra, su buen nombre y su reputación, por lo que ejerceremos todas las acciones penales, civiles y constitucionales que contempla el ordenamiento jurídico", dijo.
El penalista precisó que Roberto Ortiz conoce ampliamente los antecedentes del sistema de alumbrado público de Cali y recordó que durante cerca de 25 años el servicio estuvo a cargo de un mismo operador privado, periodo en el que, según dijo, existieron cuestionamientos públicos sobre su funcionamiento.
"Resulta contradictorio que hoy se pretendan formular graves señalamientos contra servidores públicos sin aportar una sola prueba. Si existen evidencias de conductas ilícitas, estas deben presentarse ante las autoridades competentes y no convertirse en acusaciones mediáticas", agregó.
El abogado añadió que, si el concejal considera que existen delitos o un supuesto direccionamiento contractual, tiene la obligación de acudir ante los organismos de control y de investigación con las pruebas que respalden esas afirmaciones.
La defensa habla de injuria, calumnia y reparación civil
En su pronunciamiento, Moreno Rivera recordó que la Constitución protege derechos fundamentales como la honra, el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia. Asimismo, señaló que el Código Penal contempla los delitos de injuria y calumnia cuando se atribuyen hechos deshonrosos o conductas punibles sin sustento probatorio.
Por esa razón, anunció que, además de las acciones penales, promoverá demandas de responsabilidad civil para reclamar la reparación integral de los perjuicios que, según sostiene, fueron ocasionados por las declaraciones del concejal.
"Si el concejal afirma que existen delitos o direccionamiento contractual, tiene la obligación de acudir ante las autoridades competentes y aportar las pruebas. Si no las tiene, deberá responder por las consecuencias jurídicas de sus afirmaciones", enfatizó.
El abogado insistió en que la libertad de expresión y el control político son pilares de la democracia, pero afirmó que esos derechos no amparan acusaciones temerarias ni condenas mediáticas.
"Confiamos en que será la justicia, y no los escenarios políticos o las redes sociales, la que establezca la verdad y las responsabilidades a que haya lugar", concluyó.
Las demandas civiles, -explicó el abogado-, buscarán una eventual indemnización por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que, según la defensa, habrían sido ocasionados a Roger Mina Carbonero.
Hasta el momento, el concejal Roberto Ortiz no se ha pronunciado sobre el anuncio de las acciones judiciales.
¿Qué ha dicho el concejal Ortiz sobre la gestión del gerente de Emcali?
La controversia más reciente entre Roberto Ortiz y el gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, surgió tras un pronunciamiento del concejal en el que advirtió que la empresa estaría preparando la entrega de la operación del alumbrado público de Cali por 20 años a un contratista conocido públicamente como 'El Turco'. Ortiz calificó el proceso como un presunto "saqueo" y aseguró que existiría un direccionamiento contractual.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Quién es Roberto Ortiz?
Roberto Ortiz Urueña, conocido popularmente como 'el Chontico', es un empresario del sector de las apuestas, político y actual concejal de Cali. A lo largo de su trayectoria pública ha sido representante a la Cámara, senador de la República y candidato a la Alcaldía de Cali en tres oportunidades (2015, 2019 y 2023). En sus dos últimas aspiraciones obtuvo el segundo lugar en las elecciones y, en los comicios de 2023, fue superado por el hoy alcalde Alejandro Eder. Desde el Concejo Distrital se ha consolidado como uno de los principales opositores y contradictores de la administración de Eder, liderando debates de control político sobre la gestión del gobierno local y de entidades como Emcali.
¿Cómo comenzó la controversia entre Roberto Ortiz y Roger Mina?
El enfrentamiento entre Roberto Ortiz y el gerente de Emcali comenzó a finales de 2025, cuando el concejal denunció presuntas irregularidades en el proyecto para modernizar el alumbrado público de Cali, un proceso estimado en cerca de $1,2 billones. Ortiz cuestionó un posible direccionamiento contractual y advirtió un presunto detrimento patrimonial por la supuesta pérdida de beneficios tributarios, por lo que solicitó la renuncia de Roger Mina y pidió la intervención de los organismos de control.
¿Qué pasó con la investigación de la Procuraduría al gerente de Emcali?
Tras las denuncias relacionadas con el contrato de alumbrado público, la Procuraduría General de la Nación ratificó en enero de 2026, en segunda instancia, la suspensión provisional por tres meses de Roger Mina mientras avanzaba la investigación disciplinaria. Sin embargo, el 19 de febrero revocó esa medida cautelar y ordenó su reintegro al cargo, al considerar que ya no se cumplían los requisitos para mantener la suspensión. El organismo aclaró que la investigación disciplinaria continúa y que esa decisión no implica un archivo del proceso ni una absolución del funcionario.
¿Por qué la defensa de Roger Mina habla de injuria y calumnia?
El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera sostiene que las declaraciones del concejal atribuyen hechos que afectan la honra y el buen nombre de Roger Mina sin que, hasta el momento, se hayan presentado pruebas ante las autoridades competentes. Por ello considera que las afirmaciones podrían configurar los delitos de injuria y calumnia, además de dar lugar a reclamaciones civiles por los perjuicios que, según la defensa, se habrían causado.
¿Qué sigue tras el anuncio de las acciones judiciales?
Con el anuncio de estas acciones, la controversia entre Roger Mina y Roberto Ortiz pasa del escenario político y del control ejercido en el Concejo de Cali a los estrados judiciales. Será la Fiscalía, en el caso de una eventual denuncia penal, y las demás autoridades competentes las que determinen si existen méritos para iniciar las actuaciones correspondientes, mientras la investigación disciplinaria por el contrato de alumbrado público continúa su curso en la Procuraduría.
