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El Ministerio del Trabajo informó que inició acciones legales para controvertir y solicitar la revocatoria de la sanción por desacato impuesta al ministro Antonio Sanguino, que ordena su arresto durante cinco días, luego de una decisión emitida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá relacionada con una solicitud de información presentada por la congresista Katherine Miranda.
De acuerdo con la cartera del trabajo, este 6 de julio el ministro presentó una solicitud de inaplicación de la sanción mediante el grado jurisdiccional de consulta, mecanismo contemplado en la legislación colombiana para revisar este tipo de decisiones judiciales. La entidad sostiene que actuó dentro de los plazos establecidos y que cumplió con las obligaciones legales derivadas del derecho de petición.
Acciones legales del MinTrabajo
“Solicitud de inaplicación de la sanción mediante el grado jurisdiccional de consulta, con el propósito de controvertir y solicitar la revocatoria de la sanción por desacato impuesta mediante auto del 1 de julio de 2026 por el juez Víctor Hugo González, titular del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá”, dijo a través de un comunicado.
El caso se originó a partir de una solicitud radicada el 24 de marzo de 2026 por Katherine Miranda, quien pidió información relacionada con el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación adelantado por el Ministerio del Trabajo. Según la entidad, la petición se enfocó específicamente en posibles hallazgos relacionados con RTVC, actualmente denominado Inravisión, sin incluir información sobre otros medios que también fueron objeto de revisión dentro del mismo plan.
Información solicitada está protegida
El Ministerio señaló que dicho programa de inspección surgió como respuesta a denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia basada en género en diferentes organizaciones de medios de comunicación del país. En ese contexto, explicó que parte de la información solicitada está protegida por normas de reserva legal debido a que involucra datos sensibles y situaciones que podrían afectar la intimidad de las personas involucradas.
“Parte de la información requerida por la excongresista, con intenciones políticas y sin entrar en detalle ni interesarse en los hallazgos de otros medios, corresponde a denuncias de posible acoso sexual y violencia basada en género en entornos laborales. Por esta razón, algunos datos están protegidos por reserva legal, en virtud de la protección de datos sensibles, el derecho a la intimidad y la prevención de cualquier forma de revictimización”, dijo.
Información de carácter público
La cartera indicó que la respuesta a la solicitud fue emitida el 26 de mayo de 2026 y posteriormente remitida al despacho judicial el 1 de julio. Según la entidad, se entregó toda la información de carácter público disponible y únicamente se restringieron aquellos datos que, por disposición legal, no pueden divulgarse.
Antonio Sanguino afirmó que el Ministerio respondió de manera completa y dentro de los términos establecidos por la ley. Asimismo, señaló que la protección de información relacionada con denuncias de acoso sexual y violencia basada en género responde a la necesidad de garantizar la privacidad de las víctimas y evitar procesos de revictimización.
El Ministerio agregó que la actuación institucional se encuentra respaldada por la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. En ese sentido, considera que no se configuró ninguna vulneración al derecho de petición y manifestó su desacuerdo con los argumentos que sustentaron la sanción.
Mientras avanza el trámite de revisión, la entidad reiteró su compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales, la transparencia administrativa, la protección de datos sensibles y el acceso a la información pública dentro de los límites establecidos por la ley.
Además, expresó su confianza en que la autoridad competente analizará integralmente las respuestas entregadas y determinará que la actuación del Ministerio se ajustó al marco jurídico vigente.
Claves del tema en cuatro preguntas
1. ¿Por qué el Ministerio del Trabajo busca la revocatoria de una sanción por desacato?
Porque considera que respondió de fondo y dentro de los plazos legales a la solicitud de información presentada por la congresista Katherine Miranda. Por ello, el ministro Antonio Sanguino interpuso un recurso para controvertir la decisión judicial y solicitar que la sanción sea revocada.
2. ¿Qué información había solicitado Katherine Miranda al Ministerio?
La petición estaba relacionada con el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación adelantado por el Ministerio del Trabajo, especialmente sobre posibles hallazgos en RTVC, hoy Inravisión.
3. ¿Por qué parte de la información no fue entregada públicamente?
Porque incluía datos relacionados con denuncias de acoso sexual y violencia basada en género, información que está protegida por reserva legal para salvaguardar la intimidad de las personas involucradas, proteger datos sensibles y evitar la revictimización.
4. ¿Qué argumenta el Ministerio para defender su actuación?
La entidad sostiene que entregó toda la información pública disponible y que actuó conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, afirma que respetó los términos legales y las disposiciones que obligan a proteger información sometida a reserva.
