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La Red de Veedurías de Colombia alertó sobre posibles inconsistencias en la segunda fase de modernización del alumbrado público de Cali, anunciada por Emcali y adelantada por la Unidad Estratégica de Negocios de Energía, bajo la dirección de José David Insuasti Avendaño.
Según la denuncia, aunque la empresa plantea renovar más de 101.000 luminarias e implementar un sistema integral de telegestión antes del 31 de diciembre de 2027, no ha divulgado los estudios previos, análisis de riesgos, soportes financieros ni criterios de evaluación exigidos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
Según la veeduría, esa falta de información compromete la selección objetiva y abre la puerta a irregularidades que afectan la confianza pública.
Esa organización indicó que recibió un reporte oficial que evidencia que Iluminación Tecnológica del Caribe S.A.S. atraviesa una situación económica crítica, con pérdidas reiteradas, patrimonio negativo y un desequilibrio financiero incompatible con los requisitos habilitantes para participar en un contrato de esta magnitud.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, señaló que "permitir la participación de un proponente sin solvencia vulneraría el principio de selección objetiva y podría generar responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa para los funcionarios encargados de estructurar el proceso, de acuerdo con lo reiterado por el Consejo de Estado".
Piden acaaraciones a Emcali
Ante este panorama, la organización solicita a Emcali aclarar si esa empresa ha sido considerada en la estructuración del proyecto y demanda la publicación de los criterios técnicos y financieros utilizados para evaluar a los interesados.
La Red de Veedurías recordó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de modernización del alumbrado público y anunció que será ampliada para incorporar los nuevos hechos reportados, entre ellos las reuniones privadas y la posible participación de empresas financieramente inviables.
La ampliación busca que la Fiscalía investigue si existieron negociaciones indebidas, favorecimientos particulares o vulneraciones al régimen de contratación estatal.
Finalmente, la organización pidió que Emcali publique los estudios previos, el cronograma, las matrices de riesgo, las actas internas, los soportes de evaluación y toda la documentación que permita verificar que esta fase se estructura conforme a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad administrativa.
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