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El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, expidió el decreto 1085 de 2023 en el que se oficializa la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira por 30 días, la cual -según el artículo 215 de la Constitución Política- debe ser renovado una vez que se venza.
En dicho decreto el gobierno priorizó a once sectores para enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa la región, que ha sido atacado de frente por la corrupción y la falta de recursos.
Sumado a eso, anunció la creación de dos plantas desalinizadoras con el fin de enfrentar las sequías que vienen con el Fenómeno del Niño.
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El decreto contempla la implementación de un modelo de salud propio e intercultural en mutuo acuerdo con las autoridades indígenas wayúu y demás pueblos indígenas de ese departamento.
A su vez, sostiene que las medidas buscarán garantizar la seguridad y soberanía alimentaria mediante la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios y titulación de tierras.
En esta línea, la figura indica que el gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medio ambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación.
En cuanto a la salud, se propone a través de medidas legislativas un modelo propio de intercultural para reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud del departamento, lo referente a la gobernanza, el financiamiento, la administración y el flujo de recursos concertado con las autoridades tradicionales del pueblo wayúu y demás pueblos indígenas.
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Por la parte del agua y saneamiento básico, propuso que el gobierno nacional podrá hacer uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones para priorizar la estructuración e implementación de intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico en La Guajira.
En cuanto a la calidad educativa, el decreto sostiene que se considera necesario adoptar medidas de orden legislativo que permitan acelerar el mejoramiento de la cobertura y la calidad del aprendizaje, particularmente en materia de etnoeducación.
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