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La Contraloría General de la República hizo un llamado al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se estructure una concesión vial que permita adecuar el primer tramo de la vía Bogotá–Villavicencio y atender los puntos críticos que afectan la movilidad entre el centro y el oriente del país.
Durante una visita de seguimiento al derrumbe ocurrido en el kilómetro 18, la Contraloría advirtió que el primer tercio de la vía —entre Bogotá y Cáqueza— continúa siendo el más vulnerable del corredor, y que los eventos críticos en ese punto impiden un tránsito vehicular constante hacia Villavicencio y Yopal.
“Es muy preocupante que sucesos como el reciente derrumbe del km 18 impidan que haya flujo vehicular adecuado y permanente entre Bogotá, Villavicencio y Yopal”, señaló el órgano de control, que reiteró la necesidad de una solución estructural para los 34 kilómetros iniciales del corredor.
La entidad propuso que el Ministerio de Transporte y la ANI “se enfoquen prontamente en la estructuración de una concesión vial que financie, construya, opere y mantenga las obras requeridas” en ese tramo, con el fin de garantizar la estabilidad del corredor y evitar nuevos cierres.
Insuficiencia de recursos
La Contraloría también alertó que los recursos asignados hasta ahora para las labores de remoción y estabilización del derrumbe son insuficientes. “Se deben definir nuevas fuentes de recursos que permitan adicionar a los $9.134 millones ya apropiados, que sin duda resultarán insuficientes para dicho propósito”, indicó la entidad.
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De acuerdo con la ANI, el derrumbe del km 18 es un evento imprevisible e irresistible que supera las obligaciones contractuales del concesionario por su magnitud y afectación al entorno, lo que hace necesario que la Nación asuma directamente la financiación de las obras.
Importancia estratégica
El organismo recordó que el corredor Bogotá–Villavicencio–Yopal, de 338 kilómetros, es clave para la conexión entre el centro del país, los Llanos Orientales y la Orinoquía, regiones con alto potencial agroindustrial y de producción de alimentos.
“La Contraloría llama la atención sobre la importancia estratégica de este corredor vial para el país”, indicó el informe, recordando que desde 2018 los cierres constantes han ocasionado pérdidas estimadas en más de $1,5 billones para los departamentos del Meta y Casanare.
